» Ordenan a FGR difundir periódicamente versión pública de carpeta del caso Odebrecht

En una decisión sin precedentes, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer la versión pública de la carpeta de investigación del caso Odebrecht en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y actualizarla cada tres meses.

La decisión fue tomada por el pleno del instituto al argumentar que ese caso de corrupción ha generado numerosas solicitudes de información y recursos de revisión al grado que amerita que ya sea considerada una obligación de transparencia de la FGR para que su difusión permita a cualquier ciudadano tener acceso a esa documentación.

Se trata de la primera vez que el INAI ejerce su facultad para que un tema en particular se convierta en una obligación de transparencia y se sume a la lista de información que por ley debe publicar, en este caso la FGR, en la PNT, por la relevancia social que implica.

En la sesión pública de este miércoles, se expusieron dos proyectos de resolución relacionados con el tema Odebrecht, que fueron presentados por los comisionados Óscar Guerra Ford y la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra.

Sin embargo, en su participación, Guerra Ford planteó ir más allá en la resolución que se adoptara.

Consideró que, al ya existir diversas resoluciones del pleno en la materia, propondría un nuevo criterio, el de convertir el tema en obligación de transparencia, para garantizar la máxima publicidad en asuntos de trascendencia social.

En el caso que él presentó, un ciudadano solicitó a la FGR entregar la documentación de los interrogatorios y declaraciones que han sido recabadas como parte de las indagatorias contenidas en la carpeta de investigación el caso Odebrecht, así como la lista de todas las personas que han sido interrogadas y citadas a declarar desde enero de 2017 a septiembre de 2021.

La FGR negó la información con el argumento de que era reservada y confidencial por encontrarse en trámite.

En el análisis del caso, Guerra Ford expuso que, aunque la carpeta de investigación sí está en trámite, la información solicitada tiene que ver con presuntos actos de corrupción, por lo que se trata de información de interés público.

Guerra propuso ordenarle a la FGR modificar la respuesta para que entregue la información de manera electrónica, pero, además, considerarla como una más de las obligaciones de transparencia de la Fiscalía y publicarla periódicamente en la Plataforma Nacional de Transparencia.

“El interés de la sociedad por acceder a la información relacionada con las investigaciones del caso Odebrecht ha sido constante desde octubre de 2018; mediante la resolución RR4436/18, el pleno de este instituto ordenó a la entonces PGR dar a conocer versión pública de la averiguación previa de este caso y hoy en día tenemos, a la fecha, que este instituto ha resuelto más de 16 recursos de revisión relacionado con las carpetas de investigación y en todos ellos se ha ordenado que se entregue información”, recordó el comisionado.

Se trata del “hecho de corrupción lamentablemente más sonado de los últimos años”, consideró Guerra.

Por ello, planteó “que se debe avanzar para publicitar en medios electrónicos, que no hagan erogar al solicitante, y que en una sola resolución o con una sola publicidad se pueda solucionar gran parte dar acceso a esta información, como ya se hizo en el caso Ayotzinapa, donde este pleno resolvió la entrega de la carpeta de investigación”.

“¿Qué quiere decir esto? En términos generales, pues de que se le estaría ordenando a la Fiscalía General que tendría que subir en su portal y en la Plataforma Nacional de Transparencia la versión pública de la carpeta de investigación de esta y estarla actualizando de manera trimestral, tal como lo marcan las obligaciones de transparencia, lo cual pondría a disposición no solo ya de los solicitantes o recurrentes o ver el cumplimiento, el pago para toda la población esta carpeta de investigación en su versión pública y con una actualización trimestral.

Y creo que esto sería un gran avance en ese sentido”, explicó Guerra.

“El propio Presidente de la República se ha referido que este caso al ser de interés nacional y por las repercusiones que tuvo tan fuertes o que pudo tener al erario público (sic) es muy importante que se pueda transparentar, la ley lo permite con la parte excepcional de las reservas cuando son actos de corrupción, que es la que estamos aplicando, y creo que daríamos un avance como sociedad para que las personas puedan conocer las actuaciones que ha tenido desde que se inició este caso, que no es con la actual administración, sino continúa de la administración anterior, y todo lo que se ha avanzado o se ha podido avanzar y más cuando estamos entrando en teoría a una etapa más definitoria de este caso”, añadió.

El caso presentado por Guerra Ford se sumó al expuesto por la comisionada presidenta Ibarra, en el que se requirió a la FGR el listado de los nombres de funcionarios y ex funcionarios que han sido llamados a declarar y quienes enfrentan acusaciones, desglosado por nombre, fecha y lugar como parte de las diligencias realizadas en la carpeta de investigación del caso Odebrecht.

“Por lo tanto, dada la relevancia del caso y en atención al sentido deliberativo de nuestras resoluciones, se considera que en la especie se actualicen las características, para que sea información de interés público y con ello, sea catalogada como obligación de transparencia”, dijo la comisionada.

Ibarra afirmó que “tanto esta resolución como la expuesta por el comisionado Óscar Guerra, resultan relevantes, pues estamos ejerciendo la facultad que nos confiere el artículo 68 de la Ley Federal de la materia, para señalar al sujeto obligado que la información que debe proporcionar debe ser considerada como obligación de transparencia.

“Con estas determinaciones este pleno demuestra una vez que utiliza las herramientas jurídicas e institucionales para garantizar el derecho de acceso a la información en beneficio de las personas”.

El comisionado Francisco Javier Acuña recordó que en sesión del 3 de octubre de 2018 se ordenó por primera vez a la entonces PGR abrir la carpeta de investigación del caso. Al respecto, dijo que la resolución de hoy es tan relevante como aquella.

Guerra y Acuña destacaron que está resolución no vulnera ni el debido proceso ni la presunción de inocencia.

“Creo que hay que ser muy claros que los procesos se caen porque no están hechos de forma totalmente correcta, apegada a derecho, pero no porque se hagan públicos; lo que se puede hacer público es eso, que no están apegados a derecho y que no se está llevando el debido proceso”, argumento Guerra.

“Por hacer pública una información no se cae un proceso. Eso es muy importante, ni hay o tiene que ver con el debido proceso; o sea, no hay quien diga, ‘es que se entregó en versión pública y eso ya no es debido proceso'”, añadió.

En entrevista posterior, Guerra Ford explicó que el INAI cuidará que la versión pública que se difunda en la PNT no teste u oculte datos que sí deben ser públicos, como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados.

(milenio.com)