» Ampliación de mandato en la Corte abriría la puerta a más cambios de funcionarios: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) aseguró que ampliar el periodo de cargos, como el de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sentará un precedente negativo para la democracia y abrirá la puerta para intentos de medicaciones de tiempos en otros cargos de poderes tanto a nivel federal como local.

El organismo empresarial que dirige Carlos Salazar Lomelín exhortó a defender la supremacía de la Constitución y respetar la Carta Magna ante cualquier reforma legal que se promueva, particularmente indicó, aquellas que impacten a las instituciones democráticas del país.

“El precedente que dejaría la ampliación de cargos que se impulsa es negativo para el sistema democrático, ya que si pueden extenderse los cargos públicos cuya designación está definida en el marco constitucional y legal, sin previa modificación y a través de un artículo transitorio, abriría la puerta a intentos de modificación de periodos y responsabilidades establecidos en la Constitución, de los encargos de otros funcionarios de poderes y órganos autónomos tanto a nivel federal como local”, aseveró.

En un comunicado, el organismo empresarial señaló que la duración establecida en la Constitución para ciertos cargos es un elemento republicano que obedece al espíritu democrático de equilibrios y balances entre los poderes públicos.

“El CCE exhorta al Poder Legislativo a reconsiderar el contenido del artículo transitorio que amplía la duración de los cargos en el Consejo de la Judicatura Federal y en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que es violatorio del Artículo 97 de la Constitución”, aseveró.

Resaltó que la labor del Poder Judicial es un eslabón crucial para garantizar un estado de Derecho en favor de todos los mexicanos, por lo que es relevante garantizar su autonomía, y fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones nacionales.

“De ser el caso, una ampliación del periodo o cualquier modificación en este tipo de cargos, deberían tener efectos a partir de la próxima designación, sin aplicar para la responsabilidad actual”, indicó.

Agregó que, en un estado constitucional de derecho, el diseño de los principales cargos en los poderes públicos no debe modificarse respondiendo a cualidades personales ni a coyunturas específicas.

(milenio.com)