» Piden capacitar a intérpretes para garantizar trato justo a indígenas

El senador Isidro Pedraza Chávez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), destacó la necesidad de formar y capacitar a intérpretes para que la población indígena reciba un trato justo en procesos jurídicos.

Solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), impulsar esa formación en favor de este sector de la población mexicana.

El artículo 2° constitucional plantea que las personas indígenas tienen derecho a ser asistidas por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, refirió.

“En nuestro país la impartición de justicia debe ser legal, equitativa, con orden y seguridad para todo individuo, y el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarlo”, aseveró.

Advirtió que existe una insuficiencia de intérpretes acreditados para garantizar el derecho a un juicio equitativo, debido a que se deben cubrir 68 lenguas indígenas y sus 364 variantes que pertenecen a 11 familias lingüísticas.

“Existen 575 intérpretes acreditados dentro del padrón del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para atender a toda la población indígena del país que necesite asistencia dentro de un proceso legal”, expuso.

Como ejemplo de este déficit de intérpretes, indicó que en el estado de Chihuahua sólo existen 10 traductores certificados para atender a una población de 80 mil 185 personas que hablan una lengua indígena originaria.

Mientras que en Sonora habitan alrededor de 60 mil 800 hablantes de las nueve lenguas indígenas, y de acuerdo con el Inali, no se cuenta con ningún traductor acreditado para las diversas variantes que tiene la entidad.

El representante perredista comentó que de acuerdo con la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se identifican 25 regiones indígenas en 20 estados del país; sin embargo, en todos los estados se encuentra población indígena que no habla español.

Alertó que el incumplimiento del derecho al acceso a la justicia puede ocasionar la injusta pérdida de la libertad de las personas indígenas.