» Diputados aprueban hasta 9 años de cárcel por vender muestras médicas

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud para establecer penas de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de 20 mil a 50 mil días de salario mínimo a quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas.

La minuta, que se remitió al Ejecutivo federal para su publicación y promulgación, fue avalada por 335 votos a favor, 51 en contra y 13 abstenciones, y se adiciona una fracción IV al Artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, a fin de sancionar la comercialización de las muestras médicas.

Esta propuesta surgió de una iniciativa que presentó en marzo de 2009 el entonces legislador Héctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional (PAN), y que en abril de ese año se remitió al Senado de la República, donde fue modificada y regresada a la Cámara de Diputados en marzo de 2013.

La Comisión de Salud, que elaboró el dictamen, considera preocupante que la ley no prevea sanción penal alguna para las personas que se dediquen al tráfico de muestras médicas, ya que esto ocasionó una importante filtración al mercado negro, ya que 80 por ciento de lo que se vende ahí son muestras médicas.

De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la comercialización de muestras médicas representa un verdadero problema, pues 31 por ciento de los medicamentos irregulares son de esa índole, 30 por ciento caducos, 30 por ciento fraccionados y 1.8 por ciento son falsificados.

La adición al Artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, que establece el tema de medicamentos y la aplicación de penas a la persona o personas que realicen conductas delictivas, agregó una fracción IV.

El agregado establece que “a quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate”.

De acuerdo con el texto, se entenderá por “muestra médica”, a la presentación de un medicamento con los requisitos y las especificaciones para los originales de venta al público que contenga un número menor de unidades, ajustada a lo dispuesto en la ley y el reglamento correspondientes y clasificado como fracción IV del Artículo 226 de la Ley General de Salud.

Asimismo, la que será proporcionada directamente a los profesionales de la salud, con el fin de que el médico apoye el tratamiento, al no comercializarlo de ninguna forma.

Al fundamentar el dictamen, el panista Mario Alberto Dávila Delgado, presidente de la Comisión de Salud, señaló que en el comercio ilegal de las medicinas, lo que reina son las muestras, además existen las falsificaciones, el contrabando y los productos robados.

Destacó que de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), el comercio ilegal en el país suma 11 mil 500 millones de pesos, de los cuales nueve mil 200 millones corresponden a ese tipo de productos promocionales; en tanto, la industria formal genera 175 mil millones de pesos.

Señaló que en 2010 la venta ilegal de medicamentos creció 32 por ciento, en tanto que el robo a camiones con fármacos lo hizo 40 por ciento, según datos del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.

En su oportunidad, el priista César Reynaldo Navarro de Alba indicó que pese a que las muestras médicas no deben ser objeto de venta, resulta más frecuente observar que son comercializadas en mercados, tianguis e incluso en farmacias establecidas en el país.

Destacó que del porcentaje total de los decomisos, más de 50 por ciento corresponde a muestras médicas que deberían ser gratuitas, 23 por ciento a caducas, 18.5 fraccionadas, 5.3 por ciento maltratadas, 1.3 desvíos de la cadena pública y 1.1 por ciento a medicinas falsas o adulteradas.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo, del PAN, señaló que es responsabilidad de todos contribuir para evitar el mercado negro de medicamentos, ya que “sólo de esta manera, realizando cada uno lo que nos toca, tendremos una sociedad más justa y más ordenada”.

Finalmente, la perredista Alliet Mariana Bautista Bravo comentó que son necesarias acciones más efectivas del Estado, no solo para preservar la salud de los mexicanos, sino para eliminar los riegos.

Resaltó que el mayor riesgo a la salud es porque varios de estos productos ya caducaron y solo se reacondicionan para su venta.