» Auditorías al yerno, la segunda parte del pleito

Fernando González, yerno de Elba Esther Gordillo y hasta ayer subsecretario de Educación Básica de la SEP, había anticipado su renuncia, que ocurriría a mediados de diciembre, para dedicarse a su campaña política en Sinaloa, su estado natal.

González será, por obra y gracia de la negociación entre PRI, Verde Ecologista y Nueva Alianza, candidato a senador por el estado.

Sin embargo, una orden superior obligó al secretario Alonso Lujambio a evidenciar que González no se iba por decisión propia, sino que, literalmente, había sido corrido.

La decisión anterior es simple y llanamente la ruptura definitiva del pacto político que había entre Gordillo Morales y  el presidente Felipe Calderón Hinojosa, producto de la alianza electoral del 2006.

Si desde meses atrás había señales de una incipiente ruptura cuando le fue quitada la dirección del ISSSTE al grupo de la maestra, la sustitución de su yerno es casi una afrenta personal.

En Los Pinos creen que Gordillo los engañó al proponerles una alianza en Michoacán cuando ya tenía avanzadas las negociaciones con el PRI para una asociación en el 2012.

Aunado a ello, el enojo de la familia presidencial creció porque detectaron que los supuestos aliados de Nueva Alianza en Michoacán, fueron un engaño pues todo mundo sabe –al parecer menos los asesores del PAN y del propio Presidente-, que el magisterio en Michoacán no obedece a los mandatos de Gordillo sino de la dirigencia de la disidencia, la llamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Así las cosas, lo que sigue es una batería de auditorías a la gestión del ex subsecretario, que manejó miles de millones de pesos.

González  quería despedirse el próximo día 14, en la reunión nacional de Secretarios de Educación del país, pero la orden fue que se fuera ya.

En una decisión que seguramente confrontará a la Cámara de Diputados con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), éste requirió a los legisladores nombrar a más tardar el 15 de diciembre próximo a los tres consejeros electorales que hacen falta.

El asunto es mucho más que una llamada de atención, como se ha querido hacer creer.

Este fallo del TEPJF obliga a los diputados a cumplirlo, so pena de caer en el supuesto de inejecución de sentencia que, previa denuncia de cualquiera de los 499 diputados, facultaría al Tribunal incluso a designar directamente a los consejeros faltantes.

Apenas hace unos días la Asamblea Legislativa del DF había aprobado un punto de acuerdo propuesto por el diputado Octavio West Silva, del PRI, para impedir que las instalaciones de la ALDF fueran utilizados con fines partidistas y de proselitismo personal y ya un grupo de legisladores echó a la basura el pacto.

Un grupo de diputados denominado “bloque progresista’’ utilizó la infraestructura de la ALDF nada más para manifestar su apoyo “a las decisiones de Marcelo Ebrard’’.

Fuero mata acuerdo.