Un presidente municipal que fingió un desmayo en plena audiencia para fugarse a bordo de una ambulancia y no terminar preso por violencia en contra de una regidora, un alcalde con ocho sentencias por acoso laboral y reincidencia continua, una ex candidata que además de violentar a sus contrincantes está presa por presuntamente haber asesinado a su tío, y regidores que encañonaron a una presidenta para forzarla a renunciar, son sólo algunos de los casos que conforman la lista nacional de violentadores en cargos públicos.
La violencia de género en México llega a niveles que parecieran fuera de realidad. De película. La violencia de género es el principal obstáculo que las mujeres interesadas en la política se ven obligadas a superar. Sus agresores buscan minimizarlas para que no ocupen cargos públicos o abusan de su jerarquía para bloquearlas, invisibilizarlas, intimidarlas y hasta amenazarlas de muerte.
Con corte a este 24 de junio, hay 60 personas inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. De éstas, en solo ocho casos los tribunales electorales analizaron el modo honesto de vivir, y solo en tres determinaron su pérdida, lo que les impide participar en cualquier proceso electoral hasta que concluyan su sentencia y permanezcan en este registro.
Oaxaca y Veracruz son los estados con más violentadores. Los presidentes municipales son los que más agreden a las mujeres y las regidoras, las que más violencia padecen. Éstas son las 60 personas a quienes se les acreditó que desde sus puestos en la política violentaron a mujeres.
Eric Marte Rivera, ex presidente municipal de Zimapán, Hidalgo
En Hidalgo, Érick Marte Rivera Villanueva, ex presidente municipal de Zimapán ejerció violencia política de género en contra de una regidora a quien incluso destituyó del cargo convocando a su suplente, sin argumento ni base legal alguna, estaba a punto de ser vinculado a proceso en febrero de 2021.
En plena audiencia, fingió un desmayo y salió en una ambulancia que en realidad, había contratado para fugarse. El plan salió perfecto. En el trayecto escapó y las autoridades se movilizaron por tierra y aire para buscarlo. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, detectó vía aérea a la ambulancia con tres tripulantes pero ya sin el expresidente municipal que hasta la fecha sigue prófugo, y permanecerá inscrito en este registro hasta octubre de 2026.
Juan Celso Santos, presidente municipal en Oaxaca… y a todos sus cabildos
En Oaxaca, el tribunal electoral sancionó a todo el cabildo incluido el presidente municipal de San Cristóbal Amatlán, Juan Celso Santos, por haber destituido sin argumentos a la regidora de vialidad, violentando su derecho a ser votada. En sentencia los incluyó como personas violentadoras hasta julio de 2026 y además, se les ordenó restituir a esta regidora pues no tenían facultades ni elementos para retirarle el cargo.
Sin embargo, se negaron a acatar la sentencia y el pasado 16 de abril, los habitantes de este municipio y simpatizantes de la víctima, decidieron encarcelar al presidente municipal y a los regidores Feliciano Hernández Santiago y Epifanio Martínez por desacato hasta que se comprometieran a devolverle el cargo a la regidora
También se incluyeron a Feliciano Hernández Santiago, regidor de Hacienda; Epifanio Martínez, regidor de obras; Nicolás Hernández Martínez, regidora de seguridad; Eufemia Flores Antonio, regidora de Educación; Josafat Hernández Jiménez, regidor de Salud; Rebeca Jerónimo Hernández, regidora de Ecología; Amelia Vásquez Cruz, regidora suplente de Ecología; Anselmo Santos García, regidor suplente de Obras
Ernesto Ruiz Flandes, presidente municipal de Altotonga, Veracruz
Se trata del violentador con más registros al acumular ocho sentencias por reincidencia, pues a pesar de que en noviembre de 2020 se le sancionó por primera vez por violencia en contra de una regidora, volvió a ejercer las mismas conductas de forma sistemática y continua.
Tras su conducta reincidente y constante, la permanencia en este registro nacional pasó de enero de 2025 a mayo de 2027. Sin embargo, ninguna sentencia ha analizado el modo honesto de vivir por lo que no tiene impedimentos para participar en otros cargos públicos.
Rafael Cárdenas Govea, regidor de Zaragoza, SLP, y otros cuatro funcionarios
En esta sentencia el protagonista es el regidor Rafael Cárdenas Govea quien entre todos los actos de violencia que ejerció en contra de la presidenta municipal, destaca que la encañonó para intimidarla y exigirle renunciar al puesto con la posibilidad de él asumir el cargo.
El regidor emitió constantes críticas negativas sobre la apariencia física y vestimenta de la alcaldesa pero además, encabezó manifestaciones y organizó a estos tres ciudadanos para que reunieran a decenas de personas que no solo la hostigaban en el edificio municipal, sino que la hostigaban en su casa de madrugada, agredían y amenazaban a su familia.
“La política es para los hombres, no para las niñas inmaduras”, le dijo el regidor en una ocasión cuando la obligó a salir caminando del ayuntamiento en medio de una protesta violenta en su contra que él mismo organizó.
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana los sentenció en conjunto el 26 de enero de 2021 y les impuso multas económicas a los cuatro ciudadanos de ocho mil y 12 mil pesos. El regidor, junto al tesorero José Alberto Sánchez Flores, y los ciudadanos José Refugio Santana Ruiz y José Loredo Martínez permanecerán en el registro hasta el 28 de mayo de 2026 y el ciudadano Arroyos Ruiz hasta el 1 de junio de 2026. Todos deben ofrecer una disculpa pública.
Diana Laura Marroquín Bayardo, ex candidata a regidora en Tulancigo, Hidalgo
No todos los casos de violencia política contra las mujeres viene de hombres, también hay mujeres que violentan a las mujeres. Como la excandidata Diana Laura Marroquín Bayardo, candidata del PT, a quien calumnió, denigró, agredió verbalmente y difamó a una síndica y a una regidora en funciones, por lo que estará registrada hasta junio de 2025.
Pero además, las amenazas que esta excandidata lanzó toman mayor gravedad pues en estos momentos se encuentra presa acusada del homicidio de uno de sus tíos.
Natividad Matías Morales, presidente municipal de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca
Fue sentenciado por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca el 24 de septiembre de 2020 por violencia en contra de la regidora de Ecología a quien decidió no permitirle desempeñar su cargo, retirándole recursos materiales y ordenando no tomarla en cuenta para decisiones de Ayuntamiento.
Matías Morales es uno de los tres casos en los que la sentencia sí acredita que perdió el modo honesto de vivir, y permanecerá en el registro hasta el 21 de diciembre de 2021.
José Alejandro Ochoa Valencia, ex presidente municipal de Colón, Querétaro
Renunció al cargo en septiembre de 2020 en medio de una investigación por corrupción y tráfico de influencias, apenas unos días antes de que el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro decidiera el 23 de octubre de 2020 sentenciarlo por violencia en contra de una diputada local a quien denigró y minimizó su capacidad como funcionaria pública. Por lo que permanecerá en este registro hasta el 6 de noviembre de 2024.
Cástulo Bretón Mendoza, alcalde de Villa de Zaachila, Oaxaca y tres funcionarios
El Tribunal Electoral de Oaxaca sentenció del 23 de octubre de 2020 al 23 de octubre de 2024, a Bretón Mendo y a tres funcionarios: la tesorera Elia Ortiz Vázquez, secretario Gastón Aguilar Aragón, regidor Andrés Benítez Torres y directora de Mercados y Tianguis, María Griselda Rodríguez García.
Exigió ofrecer disculpas públicas. Aunque el proyecto del Tribunal Electoral estatal proponía declarar desvirtuado el modo honesto de vivir, la mayoría votó por mantenerle a salvo este derecho.
Merced Ortiz Maya, director de PC de Puerto Morelos, QRoo y sus colaboradores
Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo sentenció del 30 de octubre de 2020 al 23 de enero de 2025 al ex funcionario a por propagar panfletos, volantes y flyers con promoción de prostitución y el número telefónico de una candidata a diputada local, así como a sus Ángel Antonio Ortiz Franco y Cristian Alberto Ojeda Chuc.
Sentencias a agresores, pero sin detalles públicos
Diversos organismos electorales sentenciaron a varios candidatos, funcionarios y colaboradores por violencia política contra las mujeres, aunque los motivos no son públicos.
(milenio.com)
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