» Morena en San Lázaro propone reforma para devolución del financiamiento de partidos

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas para que los partidos políticos puedan devolver en cualquier momento parte de su financiamiento público y así destinarlo a enfrentar catástrofes provocadas por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

El proyecto suscrito por los legisladores morenistas plantea modificaciones a los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos para establecer como derecho de esos institutos renunciar parcialmente a sus prerrogativas y, en su caso, devolverlos en cualquier tiempo.

Ello, en respuesta al Consejo General del INE, cuyos integrantes rechazaron la devolución parcial del financiamiento de Morena, al subrayar que el organismo electoral no tiene facultad para recibir reembolsos de las fuerzas políticas, sino solo para retener recursos antes de entregarlos.

De acuerdo con la iniciativa, la devolución de fondos por parte de las fuerzas se podrá hacer siempre y cuando no se vea afectado el cumplimiento de sus actividades y prevalezca el financiamiento público sobre el de origen privado.

El proyecto enviado al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, prevé el mecanismo para devolver los recursos a través de la Tesorería de la Federación, por acuerdo del Consejo General del INE, cuando no hayan sido entregados a los partidos.

“Se parte de la premisa que los partidos políticos son asociaciones de interés público que se conducen de acuerdo con ciertos principios e ideas con dos objetivos fundamentales: canalizar y transmitir los intereses y demandas de la población, y posibilitar la participación de la población en el proceso político por medio de la elección de los representantes populares”, señala.

Los diputados de Morena sostuvieron que es jurídicamente factible que los partidos puedan renunciar a las prerrogativas, en tanto gran parte de su financiamiento proviene del erario.

“En especial, cuando el destino de estos recursos sea que el Estado cuente con mayores recursos para asegurar y garantizar una protección real a los derechos sociales o enfrentar situaciones extraordinarias”, agrega.

(milenio.com)