» TEPJF flexibiliza normas para acceso a justicia de pueblos originarios

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha flexibilizado las normas para garantizar el acceso a la justicia y tutelar los derechos político-electorales de integrantes de comunidades originarias, destacó el magistrado de la Sala Superior, Manuel González Oropeza.

El magistrado expuso lo anterior al participar en la mesa “Aspectos jurisdiccionales y protección de derechos políticos”, en el marco del Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015.

Refirió que desde octubre de 2014 hasta junio de 2015, el TEPJF ha resuelto 565 juicios relacionados con la protección de los derechos político-electorales de integrantes de comunidades indígenas.

González Oropeza explicó que en la etapa reciente, el máximo organismo ha realizado diversas acciones para acercar la justicia electoral a las comunidades, aplicando el criterio de progresividad.

“Hemos logrado que cualquier miembro de una comunidad indígena pueda acudir al Tribunal Electoral a demandar equidad”, señaló durante el foro organizado por el TEPJF, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Agregó que al revisar los diversos medios de impugnación que se presentan ante el TEPJF, se ha evidenciado que en algunas comunidades indígenas se aplica el sistema normativo como prioridad y no el derecho nacional mexicano, lo cual dificulta el alcance de la igualdad.

Ante ello, manifestó que los tribunales electorales han empleado mecanismos de mayor acercamiento y flexibilización, para que todos los ciudadanos tengan acceso a la justicia y puedan solicitar la defensa de sus garantías.

En la mesa en la que participó González Oropeza, el presidente del Tribunal Calificador de Elecciones de Chile, Patricio Valdés Aldunate, y la presidenta de la Corte Constitucional de Croacia, Jasna Omejec, compartieron sus experiencias internacionales sobre aspectos jurisdiccionales y protección de derechos políticos.