» Por desfalco de 26.5 mdp, SFP inhabilita 20 años a ex funcionarios de la Agencia Espacial Mexicana

La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 20 años y multó a cuatro ex servidores públicos de la Agencia Espacial Mexicana (AEM) por causar un daño al erario superior a los 26.5 millones de pesos en 2016.

La dependencia encontró que durante la organización del Congreso Internacional de Astronáutica de 2016 en Guadalajara, Jalisco, la AEM, creada en 2011, pagó dos veces por la contratación de la sede en la que se realizó el evento.

Además, en el contrato para la prestación del servicio de audio y video para el evento se incumplió con la normatividad, lo que también ocasionó un daño al erario por 15 millones 113 mil 271 pesos.

Las sanciones se aplicaron en contra del ex director general de la AEM, al que se le impuso además una multa resarcitoria por 3 millones 807 mil 782 pesos.

​En 2016, el director general de la AEM era Francisco Javier Mendieta Jiménez, quien ahora es investigador en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.

Al ex coordinador general de Financiamiento y Gestión de la Información en Materia Espacial, Tiburcio Montalvo Naranjo, y al ex director de Financiamiento, Jesús Macías Paz, se les impuso, además de la inhabilitación, una multa de 3 millones 807 mil 782 pesos a cada uno.

Además, al ex coordinador de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial se le aplicó una multa por 15 millones 113 mil 271 pesos.

En 2016, hubo dos coordinadores de esa área: Enrique Pacheco Cabrera y David Muñoz Rodríguez, pero la SFP no especificó a quién de los dos sancionó.

En junio de ese año, Pacheco Cabrera dejó la coordinación que encabezaba en la AEM y se convirtió en el director ejecutivo del Congreso Internacional de Astronáutica, para el cual se firmaron los contratos irregulares.

La dependencia informó que las sanciones se impusieron por parte del Órgano Interno de Control (OIC) de la AEM tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades, en el que en todo momento se respetó el derecho de defensa de los involucrados.

El OIC encontró en su investigación que en un primer contrato, firmado con un proveedor, se contemplaba el arrendamiento del espacio para el evento, pero posteriormente la Agencia, de forma indebida, contrató a otra empresa por tal servicio, lo que generó un daño al erario por 11 millones 423 mil 346 pesos.

Con motivo de la investigación del OIC, la Agencia inició un juicio en contra de la empresa con la que firmó el primer contrato para exigir la reintegración del pago realizado.

(milenio.com)