» Llamado respetuoso al Congreso para legislar en materia de tortura

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, llamó de manera respetuosa al Congreso de la Unión para reformar la Constitución y tenga facultades para legislar en materia de tortura y desaparición forzada.

Entrevistado en el recinto legislativo de San Lázaro, el ombudsman nacional reiteró que este tema es un problema que tenemos en México, por lo que consideró necesario generar los instrumentos y mecanismos que permitan prevenir, identificar y conocer el paradero de las personas.

“Exhorto respetuosamente para que se pueda hacer la reforma constitucional al Artículo 73 de la Constitución para que le dé al Congreso la base para que haya una legislación que unifique los tipos penales con los estándares internacionales”.

Agregó que al ser México parte del concierto internacional a través de diversos tratados, debe dar pasos todavía más allá en esta concreción para que haya respuestas al dolor de familias que tienen personas desaparecidas y evitar que se continúe con este flagelo.

González Pérez asistió a una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que preside el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Heriberto Galindo Quiñonez, a quienes por dos horas respondió sobre diversos cuestionamientos.

Entre ellos los casos de Iguala, Guerrero; y Tlatlaya, Estado de México; así como de esclavitud en el Distrito Federal y otros del estado de Puebla.

Durante su discurso señaló que se insistirá en la necesidad de prevenir y erradicar prácticas como la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

También la trata de personas, la discriminación en todas sus formas, en especial hacia las mujeres, las agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, la corrupción y la impunidad.

El ombudsman contestó preguntas de diputados y diputadas en el tema de la joven de 22 años de edad que la mantenían encadenada en una planchaduría en una colonia del Distrito Federal, donde era obligada a trabajos forzados y malos tratos e inhumanos.

Sobre el caso comentó que es lamentable vivir la esclavitud moderna en el siglo XXI y mediante la Quinta Visitaduría se destacó que es desdeñable que sucedan estas cosas en México, y precisó que es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) la que conoce del asunto.

También afirmó que el arraigo no puede sustituir las capacidades de investigación de las Procuradurías, y sobre el tema de desplazados principalmente por violencia en algunas zonas recordó que se tienen quejas en la CNDH y se apoyan las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a dos activistas del estado de Sinaloa.

Respecto del fuero militar, dijo, se han tenido avances y actualmente los casos en donde se ve involucrado un civil y la participación de militares debe de conocer el fuero ordinario.

Con relación al caso Tlatlaya indicó que este organismo autónomo hizo dos acciones muy claras, primero reclasificar como grave el asunto y se tiene un seguimiento del cumplimiento de la recomendación que emitió.

“Vamos a ser exigentes del cumplimiento de la recomendación por eso es que lo recalificamos de esa manera”, y sobre el tema de los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, al cual se refirió como el caso Iguala, también se lleva un exhaustivo seguimiento.

Sobre el caso Apatzingán, Michoacán, es un expediente que se dio a conocer públicamente, y la CNDH realiza la investigación y ha desahogado diversas solicitudes de información a diferentes autoridades como al Juez Quinto de Distrito, a la Procuraduría de Michoacán y a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, y a otras autoridades federales y locales.

“Es un expediente que está abierto y nos hemos dirigido incluso para contar con todo el acervo de la investigación para hacer su análisis en los distintos videos que han sido públicos y con los que pueda contar la autoridad. Es una investigación que está en proceso y actuamos desde el primero momento”, puntualizó.