» Entes reguladores con “avances menores” en combate al lavado de dinero: ASF

Las Comisiones Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) y la Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), así como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han tenido avances menores en materia de combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo afirmó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019.

La institución señaló que la operación de la CNBV, la CNSF, la CONSAR y el SAT, se reduce a la supervisión del Cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), por ello de las 104 mil 936 operaciones que detectaron estas instituciones en personas o empresas que deben reportar sus actividades comerciales a las autoridades, concluyeron en 29 mil 219 actividades presuntamente ilícitas o inusuales que fueron informadas a la UIF.

En el informe, la ASF concluye que el combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita recae casi exclusivamente en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Durante 2019, la UIF estableció una amplia red de 59 convenios de colaboración con instituciones y gobiernos estatales, gracias a esto pudo bloquear 183 cuentas que involucraron a mil 371 personas físicas y morales. El monto bloqueado ascendió a tres mil 991 millones 952 mil 600 pesos, además se evitó que 50 millones 187 mil dólares se introdujeran en el Sistema Financiero Nacional (SFN).

Resultado de esta vigilancia, dice la ASF, la UIF promovió 161 denuncias de las cuales una fue judicializada y 160 se encuentran bajo investigación del Ministerio Público Federal.

La ASF aclaró que a 19 años del ingreso de México al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI por sus siglas en inglés), 15 años de la creación de la UIF y a siete de la promulgación de la LFPIORPI, el mayor peso en el control, investigación y persecución de los delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo corre por cuenta de la UIF.

Durante el 2019, se tramitaron 332 juicios de amparo contra bloqueos de la UIF, de ellos 293 no se habían resuelto al cierre del año, 23 se sobreseyeron, a 12 se les concedió la protección judicial y a cuatro les fue negada.

A pesar de las medidas instrumentadas, el “Índice antilavado de dinero de Basilea”, que califica a los países en su lucha contra el uso del sistema financiero por parte de criminales, otorgó a México una valoración de 5.13, en una escala del uno al diez, con lo que lo ubicó como uno de los países con mayor riesgo de sufrir lavado de dinero.

A México le falta regulación de todos los sectores

El análisis advierte que a México le falta regulación de todos los sectores y sujetos que son vulnerables ante una operación de lavado de activos; el gobierno no cuenta con la metodología con un enfoque basado en riesgos y no se han definido mecanismos de seguimiento para determinar cuáles riesgos derivados de las vulnerabilidades del régimen de prevención de actividades criminales serán administrados, controlados y mitigados.

Por ello, la ASF emitió dos recomendaciones a la Cámara de Diputados una para que reforme la LFPIORPI para garantizar la revisión de todos los sectores y actividades susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos sean supervisadas y reguladas adecuadamente. La otra, es para que se reformen diversas leyes de instituciones de crédito a fin de que todos los responsables de dar seguimiento a personas y empresas con riesgo de introducir dinero de criminales en el sector financiero sean capacitados para llevar a cabo su actividad.

(razon.com.mx)