» Proponen que jurado sea anónimo en caso García Luna por temor al Cártel de Sinaloa

El equipo de fiscales a cargo del proceso en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, insiste en la necesidad de que en el juicio que iniciará en octubre próximo se cuente con un jurado “anónimo y parcialmente secuestrado”. Argumentaron que la gravedad en los cargos, el temor causado por la campaña de violencia del Cártel de Sinaloa (CDS) en Estados Unidos y el abuso del proceso judicial por parte del acusado, además de la amplia cobertura de prensa que ha recibido el caso, podría dificultar el proceso, dijeron los fiscales.

En días pasados, Cesar de Castro, abogado de García Luna, había pedido al juez Brian Cogan que un jurado en las condiciones que pidió la fiscalía en diciembre pasado, no se justificaba, ya que su cliente “no es violento ni tiene conexión con altos mandos del Cártel de Sinaloa”.

El gobierno respondió la mañana del viernes alegando que “mientras operaba como un funcionario de alto rango del gobierno mexicano, el acusado conspiró con el Cártel de Sinaloa y utilizó su posición para facilitar el tráfico de narcóticos”.

La parte defensora añadió que, un jurado anónimo, escoltado y separado del público, daría la impresión de que el acusado es culpable de los cargos que se le imputan, por ello no se garantizaría un juicio justo.

La fiscalía respondió destacando que, aunque no se representa una amenaza de interferencia en el proceso judicial en comparación con el proceso de Joaquín Guzmán Loera, aún existe un riesgo sustancial para el jurado, los testigos y sus familiares.

Destacaron que, al aceptar sobornos, Genaro García Luna, desde su autoridad, ordenó a otros agentes del orden público que operaran en nombre del Cártel de Sinaloa y divulgó información policial confidencial sobre las investigaciones del mismo cártel.

Asimismo, las autoridades de la fiscalía respondieron a la queja presentada por congelar sus cuentas, por lo que alegan, no tiene la capacidad de interferir en el proceso judicial. En respuesta, argumentan haber descubierto que el imputado ha ocultado ser dueño de múltiples propiedades en Estados Unidos, sumado al hecho de que su familia se ha mudado y escondido millones de dólares de riqueza inexplicable durante la tramitación de su caso criminal.

Señalaron que en mayo de 2020 una de las empresas del acusado canalizó 350 mil dólares a un asociado, quien luego la utilizó para financiar los gastos personales de los familiares del también ex director de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI, durante el gobierno de Vicente Fox.

La defensa, por su parte, alegó sobre la publicidad que rodea al caso, la cual podría interferir con la capacidad del jurado para cumplir con su deber. Para eso, también tuvo respuesta la fiscalía donde declararon que la atención mediática, generada en procesos de alto perfil, no afecta el trabajo de los jurados; y mostraron algunos ejemplos de otros juicios donde son llevados a buen puerto.

Aseguraron que igualmente se tendrá mucho cuidado con los contagios de covid-19, porque podría afectar a un jurado “parcialmente secuestrado”, esto en respuesta a la moción de Cesar de Castro, quien especuló sobre qué protocolos covid-19 estarán vigentes.

“No niega que los cargos en su contra sean serios, que el Cártel de Sinaloa inspire miedo o que en la acusación se insista que como funcionario del gobierno ayudar al CDS”, apuntó la defensa de García Luna en su escrito.

Eso no frena el deseo de los empleados del gobierno de reclamar de nueva cuenta a la corte que conceda la moción del gobierno para un jurado anónimo y parcialmente secuestrado.

No hay evidencia de lazos entre García Luna y el grupo criminal mencionado”, declaró Castro, sustentado en los miles de documentos que la fiscalía ha presentado contra su cliente.

El juez Cogan deberá resolver al respecto en las próximas semanas.

(milenio.com)