» Proponen iniciativa de 12 años de cárcel para quien retenga salario a servidores públicos en Edomex

La diputada Karina Labastida Sotelo propuso reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y del Código Penal para castigar hasta con 12 años de prisión, 150 días de multa y la destitución a quienes retrasen, nieguen o reduzcan el pago de sueldo a las personas servidoras públicas que lo hayan devengado legalmente.

La iniciativa presentada ante el pleno de la legislatura mexiquense deja claro que las y los funcionarios públicos no pueden evadir el pago íntegro de los sueldos devengados por las y los servidores públicos adscritos al municipio y órganos descentralizados y mandata a vigilar que se realice de forma oportuna, íntegra y en los tiempos establecidos.

En el Código Penal busca incluir una fracción en el artículo 340 donde se expresa que la persona titular de la presidencia o de la tesorería municipal responsable del retraso, negativa o reducción del pago de sueldo a la persona servidora pública será castigado por incurrir en el uso ilícito de atribuciones y facultades.

Además, será castigado con una pena de 6 meses a 12 años de prisión, de 30 a 150 días de multa, así como la destitución e inhabilitación que corresponda.

En la exposición de motivos la diputada refirió que no se cumple a cabalidad la Ley Federal del Trabajo, pues de acuerdo con el INEGI, en 2022 a nivel nacional, se registraron 356 mil 442 convenios de trabajo prejudiciales, 138 mil 420 conflictos de trabajo y 3 mil 151 emplazamientos a huelga por desavenencias en las relaciones laborales.

De cada 100 conflictos individuales de trabajo registrados durante el 2022, en 37 se reclamó la indemnización conforme a los criterios establecidos en la ley y 14 lo hicieron por el pago de la prima de antigüedad.

Los datos, expresó, muestran que para los particulares y las autoridades es muy fácil vulnerar los derechos de las personas trabajadoras, generando un impacto directo en sus familias, sin que exista una causa justificada por el empleador por retener, sin motivo o causa alguna, el sueldo de los mismos, negándose otorgarlo sin que medie resolución judicial o con la intención de no cubrirlos o incluso dejarlos a la siguiente administración.

Esta situación se agudiza al final de cada cambio de cada ayuntamiento, pues las autoridades se abstienen de darle cumplimiento a los preceptos legales relacionados con el sueldo de los empleados, en ocasiones por la falta de aseo financiero o falta de planeación, propiciando que los trabajadores se vean afectados sin el pago de su salario.

(milenio.com)