» Renuevan llamado para cierre de Guantánamo a 13 años de apertura

Washington.- Al cumplirse este domingo 13 años de su puesta en operación, grupos defensores de derechos humanos renovaron su llamado para cerrar la prisión militar de Guantánamo, donde Estados Unidos retiene aún a 127 sospechosos de terrorismo.

El exhorto de organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) cobró renovados bríos después que el gobierno de Uruguay recibió el mes pasado a seis hombres que estaban retenidos ahí.

“A 13 años de la apertura de Guantánamo, Cejil exige al gobierno de Estados Unidos cerrar uno de los vestigios más nefastos de la ‘guerra contra el terrorismo’, poner fin a las detenciones arbitrarias sin fundamento y garantizar el debido proceso de quienes aún están detenidos”, señaló en un comunicado.

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Cejil, consideró que las recientes transferencias por separado de 13 prisioneros a Uruguay, Afganistán y Kazajistán “son un paso adelante para lograr el cierre”.

“Sin embargo, las revelaciones realizadas por un informe del Senado de Estados Unidos sobre la utilización de la tortura por agentes de los servicios de inteligencia de ese país acentúa la urgencia con la que su gobierno tiene que actuar (para su cierre)”, indicó.

Krsticevic calificó de inaceptable el hecho de que aún no se haya determinado la situación jurídica de muchos de los detenidos a través de un tribunal competente, “ni se investigue, procese y sancione judicialmente la tortura y malos tratos cometidos”.

Durante la campaña presidencial de 2008, el entonces candidato Barack Obama ofreció como promesa electoral el cierre de la prisión creada en la base militar estadunidense ubicada en la bahía de Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba, en su primer año de gobierno, sin que haya visos de que se haga realidad.

Obama firmó una orden en ese sentido dos días después de asumir la presidencia, pero la acción fue bloqueada por republicanos y demócratas en el Congreso, opuestos al traslado de algunos prisioneros a suelo estadunidense argumentando que ello elevaría los riesgos de ataques terroristas en suelo continental.

En años recientes muchos legisladores han defendido la retención indefinida de algunos prisioneros alegando que una vez liberados retornen al campo de batalla, como ha sucedido en algunos casos.

En la actualidad, de los 127 hombres que continúan retenidos, la mayoría sin acusaciones formales de por medio, 59 fueron ya declarados libres de cargos por las autoridades estadunidenses, pese a lo cual continúan en espera de su liberación.

Los 68 restantes están clasificados como “detenidos indefinidos”, una categoría utilizada por instancias estatales que consideran a tales reos no elegibles para juicio ni traslado a terceros países.

De acuerdo con el Cejil, estos detenidos serán sometidos a un proceso evaluativo interinstitucional que determinará si presentan una amenaza para Estados Unidos o si son considerados para su traslado a otro país.

Sin embargo, Krsticevic hizo notar que el prospecto para aquellos que carezcan de las garantías mínimas del debido proceso es la continuación de su detención indefinida.

De igual modo, aludió la posibilidad de que algunos de los detenidos continúen siendo sometidos a prácticas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha calificado de tortura, como la alimentación forzada de quienes se han declarado en huelga de hambre.

A principios de diciembre de 2014 un juez federal emitió una sentencia ordenando la divulgación de más de 30 cintas de video sobre la alimentación forzada de los detenidos en huelga de hambre en Guantánamo, la cual fue apelada por el gobierno estadunidense.

Uno de los antiguos detenidos que fueron sometidos a alimentación forzada fue Abu Wa’el Dhiab, quien en diciembre pasado fue trasladado junto con otros cinco a Uruguay, después que ese gobierno aceptó recibirlos.

Hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos ha incumplido los llamados que la CIDH realizó para el cierre de Guantánamo en dos resoluciones emitidas en 2006 y 2011, tras determinar que el Estado ocasionó daños irreparables a los detenidos.

Tanto la CIDH como la Relatoría Especial de la ONU contra la Tortura han solicitado poder visitar las instalaciones y entrevistar a los detenidos, pero han rechazado la condición de que haya presencia de personal militar durante tales encuentros.