» Piden impedir uso de armas letales en protestas públicas en Venezuela

Caracas.- La Academia de Ciencias Políticas y Sociales (ACPyS) instó hoy al Ejecutivo venezolano a derogar la resolución 008610, que permite usar armas letales a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones del control del orden público.

La academia emitió un comunicado en el que afirma que la normativa del Ministerio del Poder Popular para la Defensa publicada en la Gaceta Oficial número 40.589 del 27 de enero de 2015 es violatoria de la Constitución.

Precisó que “los derechos de reunión pública y manifestación son derechos constitucionales consagrados en los artículos 53 y 68 de la Constitución, así como en instrumentos internacionales sobre derechos humanos”.

La Constitución sujeta las regulaciones y el desarrollo concernientes a ambos derechos a lo que establezca la ley así como la regulación de la “actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público” en las manifestaciones públicas”.

Al establecer restricciones y regulaciones relativas al ejercicio de los derechos constitucionales de reunión pública y manifestación, mediante un acto de “rango sub-legal e incluso infra reglamentario”, la medida “viola el principio de legalidad y reserva legal orgánica”, se indicó en el texto.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales agregó que la normativa del Ejecutivo viola el precepto constitucional que atribuye a cuerpos policiales y de seguridad de carácter exclusivamente civil, la función de mantenimiento y restablecimiento del orden público (artículo 68 de la Constitución).

“Por lo tanto, usurpa esa función civil, al atribuírsela a la Fuerza Armada Nacional y su personal militar”, aseveró.

De acuerdo con los señalamientos de los académicos, “la resolución 008610 viola la prohibición de uso de armas de fuego para garantizar el orden público en el ejercicio del derecho constitucional a manifestar, con base en el artículo 68 de la Constitución”.

Alertó además sobre las graves consecuencias que puede ocasionar la aplicación de la citada resolución, y por tanto, “respetuosamente insta al Estado venezolano a que la deje sin efecto a la mayor brevedad”.