» EUA debe hacer “fuertes reformas” a programa de seguridad: CIDH

Washington.- La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) instó hoy a Estados Unidos a introducir “fuertes reformas” al controvertido programa de recolección de datos telefónicos conducido por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA).

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señaló que las reformas deben ir encaminadas a asegurar su compatibilidad con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional de los derechos humanos.

“Si bien el programa no incluye el contenido de las comunicaciones (…) puede constituir un acto particularmente invasivo que afecta seriamente el derecho a la privacidad y la libertad de pensamiento y expresión”, sostuvo la CIDH.

El llamado de la CIDH a Estados Unidos se produce luego que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito consideró el programa ilegal y que la propia Cámara de Representantes aprobó una iniciativa de ley para eliminar el programa, aunque aún no es considerada en el Senado.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestó su preocupación por el hecho de que la legislación en materia de inteligencia y seguridad haya permanecido inadecuada frente a los desarrollos de las nuevas tecnologías.

En su opinión eso permite el “acceso indiscriminado y sin precedentes” a datos sobre la comunicación de las personas que pueda generar “efectos intimidatorios sobre la libre expresión y la búsqueda y difusión de información”.

A la luz de las acciones en el Congreso estadunidense, el Relator Especial de la CIDH instó a Estados Unidos a aprovechar la oportunidad para establecer reformas que aseguren que la vigilancia de las comunicaciones esté claramente autorizada por la ley.

Asimismo, pidió que disponga claros límites que reduzcan la naturaleza, alcance y duración de este tipo de medidas y las razones para ordenarla.

“La legislación debería reforzar la transparencia de las decisiones de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA) y aclarar los mecanismos legales para la impugnación de sus decisiones, incluso a través de la creación del cargo de Defensor de Interés Público”, indicó.