El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que no destruya los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa, esto tras conceder una suspensión provisional a los padres de los 43 normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014.
Los magistrados del Tercer Tribunal declararon fundado el recurso de queja que promovieron los familiares de los estudiantes, quienes impugnaron que un juez no quiso otorgarles la medida cautelar para solicitar al Ejército que conserve los documentos.
Lo anterior fue dado a conocer por el Centro Prodh, el cual señaló que el pasado 15 de agosto las familias de los jóvenes desaparecidos promovieron un amparo contra la cadena de mando del aparato de inteligencia militar, por estimar que estas autoridades no han cumplido con el decreto presidencial del 4 de diciembre de 2018, mediante al cual se ordenó a todas las dependencias colaborar con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
En su demanda, las familias argumentan que con la publicación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuvieron pleno conocimiento de que “el Ejército ha ocultado arbitrariamente” un número indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, “pese a que los indicios permiten inferir que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014”.
“De este ocultamiento, que abiertamente destaca las instrucciones conferidas vía decreto por el Presidente de la República en tanto Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y mando civil, los padres y las madres señalan la responsabilidad del secretario de la Defensa Nacional, del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, del titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, del titular de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y del director del Centro de Inteligencia Militar, entre otros”, detalló el Centro Prodh.
Por este motivo, los padres de los normalistas solicitaron la suspensión con el objetivo de que se ordene preservar la información “para que no sea alterada, destruida, depurada o eliminada”.
El amparo fue admitido a trámite por el juzgado quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, pero éste rechazó conceder la suspensión.
Sin embargo, los familiares impugnaron la resolución y el Tribunal Colegiado consideró que “la sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales” y ordenó a la Sedena abstenerse de “destruir, depurar, eliminar, esconder, u ocultar la información” que los padres señalaron en su demanda.
(milenio.com)
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