El auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal consideró que se deben fortalecer los esquemas y la normativa para aprovechar el potencial de organización y participación de la población en la gestión de fondos y programas.
La participación de la población beneficiaría, especialmente en el seguimiento y vigilancia del ejercicio de sus recursos, es un elemento fundamental para mejorar la eficiencia y resultados del gasto público, recalcó.
Al reunirse con diputados para continuar el análisis de la Cuenta Pública 2013, expuso que la participación social está presente en prácticamente todos los programas sectoriales, reglas de operación y lineamientos de programas gubernamentales, sobre todo de desarrollo social.
Sin embargo, admitió, el marco jurídico que lo sustenta se encuentra fragmentado, carece de integralidad y la implementación de sus disposiciones está sujeta, en muchos casos, a la voluntad de autoridades y funcionarios.
Portal Martínez refirió que existen otros casos que ilustran un reto de distinto tipo, como el de los Comités Comunitarios aún pendientes en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En 2013, expuso, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reportó haber constituido 57 mil 942 Comités Comunitarios en 380 de los 405 municipios en donde operó la estrategia, con la finalidad de articular la participación social.
Además están pendientes los planes que debía elaborar cada comité, en los cuales se establecen la matriz de indicadores a atender; las metas y acciones que se propone alcanzar por cada indicador; los recursos presupuestarios; el calendario de programación, y los responsables de cada una de las acciones programadas.
Otro tema que representa un área de riesgo que puede afectar el cumplimiento de las metas de los programas públicos es el de los “servicios suministrados por particulares”.
De manera específica, los institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Mexicano del Seguro Social (IMSS) erogaron casi 17 mil millones de pesos en servicios médicos y guarderías subrogados a particulares.
La subrogación, per se, no es un problema, lo que sí representa un espacio de vulnerabilidad es la falta de supervisión en materia de seguridad y protección civil, en las guarderías subrogadas, situación que se constató en el caso del ISSSTE, subrayó.
En tanto, los servicios médicos subrogados de hemodiálisis del IMSS, al carecer los proveedores de infraestructura tecnológica, no suministraron información sobre las sesiones de este tratamiento, a fin de incorporarla a expedientes clínicos.
Derivado de la fiscalización superior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) constató que en la cruzada antihambre, Pensión para Adultos Mayores, así como la operación del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica se dieron subcontrataciones sin observar las disposiciones en materia de licitaciones públicas.
Además, contrataciones que no acreditan que se garanticen las mejores condiciones al Estado; sobreprecios en la adquisición de bienes y servicios, y subcontratación de proveedores y prestadores de servicios que no existen o que están en situación fiscal irregular u omisa.
En el diagnóstico del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, aseveró, se reconoció que el país enfrenta retos para lograr una educación con calidad y altos niveles de aprovechamiento de los alumnos.
Hizo notar que la fiscalización mostró que en 2013 persistieron las deficiencias en la prestación de los servicios de educación básica que repercutieron en la calidad de la enseñanza, debido a la falta de actualización y adaptación de los programas de estudio.
Se detectó además, añadió, una falta de oferta de cursos de formación y superación profesional basada en un diagnóstico de las necesidades de profesionalización de las figuras educativas.
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