La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmaron un acuerdo, principalmente para generar indicadores que midan el desempeño del personal policiaco y la seguridad ciudadana.
El acuerdo fue firmado por el titular de la SSPDF, Hiram Almeida, y el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Esteban Hernández Valencia.
Almeida Estrada destacó la importancia de crear indicadores que generen certezas en la ciudadanía, además de que se puede detectar la existencia de problemas en la implementación de las políticas públicas en materia de seguridad.
Mediante un comunicado, señaló que para el funcionamiento de la SSPDF es prioritario el respeto a la legalidad y a los derechos humanos.
Recordó que la dependencia trabaja de manera prioritaria en temas de control de confianza, carrera policial, desarrollo policial, evaluación de desempeño y regímenes disciplinarios.
“La suma de todos estos esfuerzos de trabajo con la sociedad organizada y en contexto internacional, son parte de la mejora continua de la policía y de una política pública en materia de seguridad cercana a la gente y siempre en defensa legal de los intereses sociales”, indicó.
En ese sentido, Almeida Estrada expresó su beneplácito por el trabajo en conjunto con organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19 para crear un nuevo protocolo de Control de Multitudes, en el cual se contempla la seguridad e integridad de los medios de comunicación que cubren las movilizaciones sociales y manifestaciones.
Dio a conocer que en lo que va del año, únicamente se ha emitido una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Asimismo, informó que se capacitaron en el tema a más de 76 mil policías en diversos talleres y cursos, y se brindó 322 atenciones y asesorías jurídicas a víctimas por presuntas violaciones a sus derechos humanos.
Entre las acciones específicas del convenio destacan la atención a quejas en materia de derechos humanos, medición de la seguridad frente a delitos y abusos, tiempo de respuesta de la policía ante peticiones ciudadanas, derecho a la libertad y seguridad de las personas, derecho a la vida, desaparición forzada de personas, uso legítimo de la fuerza y armas de fuego.
Además se acordó unificar criterios en cuanto al respeto del derecho de los detenidos, de los asistentes a manifestaciones y en la realización de operativos y se medirá la actuación policial en situaciones de violencia de género.