El PRD en la Cámara de Diputados exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE) para que investigue el presunto caso de afiliación colectiva y el uso electoral de programas sociales para favorecer la campaña electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el estado de Chiapas.
Los diputados Miguel Alonso Raya, José Antonio León, Lizbeth Rosas, Gloria Bautista, Amalia García, Fernando Belaunzarán, Lourdes Amaya y Graciela Saldaña, pidieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anule “casillas zapato” que se registraron en el estado que favorecieron la votación del PVEM.
Asimismo, expusieron, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue el posible desvío de recursos públicos federales destinados a la promoción turística de ese estado y para comunicación social con fines electorales para respaldar la campaña de este instituto político.
Mencionaron que el proceso electoral que completó su fase de cómputos y que comenzará la de resolución de impugnaciones ante los tribunales electorales, principalmente en materia de cómputos distritales y de circunscripción, confirmará o no la legalidad de los comicios y la validez de los mismos.
En esta fase, dijeron, el TEPJF deberá resolver de manera particular todos los asuntos que tienen que ver con la legalidad o ilegalidad de las conductas cometidas por el PVEM y emitir las sanciones correspondientes, que tienen que ver con las sistemáticas violaciones al principio de equidad que cometió en innumerables ocasiones con su estrategia mediática de campaña.
Cabe recordar, abundaron, que tanto el INE como el propio Tribunal emitieron diversas sanciones a este instituto político, consistentes en la mayoría de los casos en multas de diferente cuantía, que en su conjunto sumaron al menos 500 millones de pesos, que no lograron inhibir su actuar.
En cuanto al procedimiento para la cancelación de registro del PVEM, en la sesión del Consejo General del INE celebrada el 21 de mayo se aprobó por nueve votos contra dos enviar a la Secretaria Ejecutiva la petición de los partidos para retirarle el registro, para que analice el procedimiento legal que debe seguirse en este caso inédito.