Legisladores del PRI y del PVEM consideraron que aunque en la aplicación de la figura del arraigo ha habido abusos es un instrumento fundamental del Ministerio Público que permite fortalecer un expediente o una declaración previa.
Los diputados Francisco Arroyo Vieyra, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sostuvieron que este tema, con el de testigos protegidos, tiene que revisarse en un contexto de protección a las garantías individuales.
En entrevista, Arroyo Vieyra consideró que en la aplicación de la figura del arraigo en el sistema de justicia han existido abusos, pero debe prevalecer y garantizar que se protejan los derechos humanos de las personas.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados reconoció que “ha habido abuso del recurso, pero debe prevalecer, tenemos que garantizar que los arraigados tengan sus derechos a salvo”, insistió.
Sostuvo que este tema, con el de testigos protegidos, se tienen que revisar en un contexto de protección a las garantías individuales.
Manifestó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desempeñan con prudencia y “saben que se debe buscar el sano equilibrio entre los requerimientos que la autoridad necesita para hacer valer la ley y los derechos humanos”.
Por separado Escobar y Vega consideró que el arraigo es un instrumento fundamental del Ministerio Público, posibilita fortalecer un expediente o declaración previa, pero se debe estar a la expectativa y vigilar que se utilice de forma correcta.
“Es un instrumento fundamental que le faculta al Ministerio Público desahogar determinadas actuaciones que le permitan fortalecer un expediente o un declaración previa, tenemos que estar a la expectativa y vigilantes de que se utilice de forma correcta”, precisó.
La contraparte es cuando se utiliza de forma negativa o en exceso, ya que se puede “incriminar de forma injusta a un ciudadano o ciudadana”, señaló.
El arraigo “es un instrumento invaluable que deriva de la reforma penal de 2007, hoy la tenemos como ley vigente” el país vive tiempos difíciles con el crimen organizado y se requiere de instrumentos especiales como el arraigo.
Éste es un instrumento que tendrá vigencia temporal, pues cuando México pueda llevar a cabo investigaciones 100 por ciento integrales a través de sus ministerios públicos esa figura irá desapareciendo, opinó.
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