Integrantes de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado, que preside el petista Miguel Ángel Lucero, avalaron dos propuestas referentes a los trabajos de rescate de los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos, que se realizan por parte de la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El primer planteamiento lo hizo la senadora Marcela Mora, de Encuentro Social, quien puso a consideración de los legisladores la pertinencia de que dicha Comisión formulara un exhorto a estas dependencias para que el Senado pudiera coadyuvar y acompañarlos, dentro del marco de sus facultades, en esta “noble” encomienda.
La segunda propuesta fue del senador Napoleón Gómez Urrutia, de Morena, quien solicitó elaborar una invitación respetuosa a la CFE y la STPS para que estas les envíen un informe sobre el estado en el que se encuentra el proyecto para rescatar los cuerpos de los 65 mineros de Pasta de Conchos, Coahuila.
Gómez Urrutia destacó la importancia de la industria minera en nuestro país, porque representa el 8.3 por ciento del Producto Interno Bruto nacional y genera más de 367 mil empleos directos y poco más de dos millones de empleos indirectos. Por ello, se pronunció a favor de que todos los miembros de la Comisión y el Senado trabajen de manera conjunta en la revisión integral y profunda de la Ley Minera vigente.
Con el objeto, dijo, de transformar la legislación actual, “priorizando que la actividad minera sea un motor de desarrollo para las comunidades y para la clase trabajadora, sin comprometer las condiciones medioambientales para las generaciones futuras”.
El senador de Morena justificó su propuesta al argumentar que a pesar de los avances que se tienen en el marco legal vigente, la realidad demuestra que en la actualidad muchos proyectos mineros están causando altos niveles de conflictividad en dimensiones medioambientales, sociales, laborales y económicas.
Y existen, dijo, temas pendientes como la revisión de las concesiones mineras entregadas en administraciones anteriores a empresas nacionales e internacionales, que no han sido y no han actuado de manera socialmente responsable.
“Así como la reconsideración de las exportaciones tributarias que han resultado también insuficientes, y la discusión de mecanismos de control de la explotación”, abundó.
(milenio.com)
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