Seis de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) propondrán promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma legal que dio a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, facultades extraordinarias.
Las consejeras y consejeros Claudia Zavala, Carla Humphrey, Dania Ravel, Martín Faz, Arturo Castillo y Jaime Rivera, identificados como el bloque contrario al de Taddei, pidieron incluir en la sesión extraordinaria de este miércoles un acuerdo para presentar un recurso en contra de la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que se hicieron ajustes para el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros y de paso, se añadieron facultades a la consejera presidenta.
En la reforma aprobada se otorgó a la presidencia del INE atribuciones unipersonales para nombrar a las Direcciones Ejecutivas de las áreas e integrantes de la Junta General Ejecutiva, que hasta ahora han funcionado con encargados de despacho, debido a la falta de consenso entre el bloque de consejeros afines a Taddei y el bloque contrario, que ahora promueve la controversia.
Con la reforma, Taddei ya no necesitaría del consenso entre los consejeros para hacer dichos nombramientos.
Además, la reforma busca darle a la Junta General Ejecutiva atribuciones que eran exclusivas de las consejerías y del Consejo General para la organización de las elecciones.
“La ley siempre ha cuidado que esas materias se trabajen a través de comisiones y se aprueben por el Consejo, no por la Junta”, reclamó hace días el consejero Martín Faz, inconforme con los cambios.
El punto para votar el proyecto de acuerdo fue anunciado en el orden del día para la sesión extraordinaria del Consejo General que se convocó para mañana a las 13:00 horas.
“Se aferran al poder del que se sirven”: equipo de Taddei
En respuesta al recurso que los seis consejeros buscarán impulsar, el equipo de la consejera presidenta aseguró que la reforma no compromete la integridad de los procesos electorales y la equidad en la contienda política y que únicamente le da facultades “para que el actuar del INE sea más ágil y eficiente”.
Aseguró que, contrario a lo que argumentan los disidentes, la reforma busca el fortalecimiento del INE y los acusó de tener una idea equívoca de la voluntad popular y que “quienes promueven este proyecto, en realidad, no consideran que las personas legisladoras puedan votar de manera informada y soslayan el mecanismo parlamentario, expresión indirecta de la voluntad popular, como el camino para mejorar a las instituciones”.
Reprochó que con la impugnación a la reforma, los inconformes “optan por el inmovilismo institucional, la ley ineficiente e inmutable y se aferran a un poder del que se sirven y no con el cual deben servir de manera eficiente a la ciudadanía”.
El equipo de Taddei también argumentó que “la autonomía del INE y los principios que alegan defender están mejor salvaguardados si el INE deja de ser una institución anquilosada al servicio de unos cuantos grupos de presión y aherrojado por la parálisis facciosa y partidista”.
Consideró que es falaz afirmar que resulta indispensable que el INE promueva una controversia constitucional en contra del decreto, como dice el proyecto de acuerdo, pues dijo que los cambios procuran “una eficiencia administrativa y una toma de decisiones rápida, acorde a los desafíos del INE”.
Además, advirtió que “lo que realmente buscan las y los consejeros que promueven este proyecto es maniatar a la consejera presidenta para que el INE siga su deterioro institucional y no pueda cumplir en la esfera administrativa su mandato constitucional”.
Expuso que la reforma busca solucionar lo problemático que, considera, representa el mecanismo de elección de direcciones generales y titulares de unidades mediante un órgano colegiado como el Consejo General, pues acusó que éste, “en el mejor de los casos funciona como un comité de recursos humanos, en el peor, como coto de poder de grupos de presión extralegales que entorpecen el debido trámite de los asuntos de la consejera presidenta”.
También reclamó que al afirmar que la reforma le da “una concentración indebida de poder” a la presidencia del INE y que eso significa un paso al “autoritarismo”, es parte de esa lucha interna de los “silos” incrustados en el Consejo General.
“Saben que reforzar a la oficina de la consejera presidenta va en detrimento de su capacidad para entorpecer el desempeño de dicha oficina: es decir, las reformas van encaminadas a destruir sus silos y cotos de poder”, afirmó el equipo de la presidenta del INE.
Insistió en que al promover la controversia contra la reforma se busca “seguir empeñado en una lucha de ‘familias’ o grupos de presión de facto que sólo quieren servir a sus miembros y a sus propios intereses por encima del bien común”.
(milenio.com)
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