Especialistas del sector agropecuario coincidieron en la necesidad de fortalecer la legislación del sector y garantizar la seguridad en el abasto de alimentos.
Durante el seminario “La investigación para el sector agropecuario”, organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, José Cárdenas Elizondo, consideró indispensable dar viabilidad a la producción agropecuaria y conjuntar esfuerzos para encontrar un equilibrio.
Consideró que la legislación en materia de semillas prevé desde hace varios años un fondo para financiar la investigación, el cual no se ha materializado. “Es un elemento más de letra muerta”, expresó.
Destacó que la agricultura protegida ha implicado un cambio tecnológico de gran repercusión productiva, por lo que “hay que evaluar su significación y cómo han contribuido las nuevas tecnologías para utilizar el suelo con nuevas semillas y técnicas de irrigación en un nuevo modelo intensivo para diversos cultivos”.
A su vez, el director general del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), José Mustre de León, señaló que muchos aspectos de la Ley de Bioseguridad están diseñados para compañías y no para el trabajo de los centros de investigación.
En su ponencia “La investigación avanzada y su contribución al desarrollo nacional”, indicó que esta institución fue pionera en determinar el genoma de especies importantes, como el agave, el chile y el aguacate.
Entre 2006 y 2008 se realizó la secuenciación del genoma del maíz, “en cuyo caso fue todo un reto en términos de la tecnología existente, lo que nos impulsó a tener el equipamiento más importante de América Latina”, subrayó.
A su vez, el secretario de Energía de la Confederación Nacional Campesina, Jorge Gage Francois, señaló que México es el segundo importador mundial de alimentos y si no se realizan “políticas asertivas, está pronosticado por la FAO que hacia 2030 seremos el primer importador de alimentos de semillas como de carne”.
Mencionó que ha habido un mayor crecimiento de la demanda de alimentos y no se tienen mayores superficies para producirlos, lo que genera un déficit permanente, por lo que la seguridad alimentaria debe ser una prioridad nacional.
Asimismo, propuso fortalecer las instituciones y organismos de investigación e innovación; establecer una planeación y políticas públicas en materia de investigación del campo, con una visión de trabajo de largo plazo.
De su lado, el director general del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, Pablo Roberto Arenas Fuentes, consideró indispensable impulsar la acuicultura para garantizar la calidad de los productos.
Expresó que cada año se genera en México un millón y medio de toneladas de productos del mar, a través de la captura, por lo cual la mayor parte de especies que se obtienen son silvestres y no permiten su manipulación para alimento.
Añadió que el Instituto busca instrumentar modelos de asociación y crear alianzas con otros organismos públicos y privados, para reforzar proyectos que abonen a mayores producciones de peces.
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