Los cambios a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro facilitarán el combate a este delito, considerado el más lesivo para la tranquilidad de la personas, señaló el legislador Guillermo Anaya Llamas.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados e impulsor de esta iniciativa, dijo que con ello también se daría continuidad al llamado de la sociedad civil y a una necesidad del Estado mexicano.
“Los integrantes de esta instancia legislativa estamos convencidos de que este cambio legal, de ser respaldado por la colegisladora, es tanto útil como apegado a nuestro marco jurídico y al de los derechos humanos, tal como lo hemos buscado en todos nuestros dictámenes”, dijo.
Señaló que esto se analizó de manera meticulosa, ya que existe un conflicto de derechos fundamentales con una potencial amenaza al derecho de la privacidad, “pero que al entrar en conflicto con la protección de la integridad, libertad y vida de las personas, se encuentra supeditado por estos derechos”.
La resolución de la Comisión de Seguridad Pública se basó en la que a su vez hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 32/2012, donde se estimó constitucional herramientas de este tipo sin control judicial.
“Cabe señalar que la falta de control de un juez, no es una carta abierta para violar derechos humanos”.
La geolocalización es un acto de molestia y como tal tiene requisitos constitucionales de fundamentación y motivación; y, como todos sabemos, en el nuevo sistema de justicia penal pueden caerse juicios enteros por faltas a la legalidad, así que las autoridades deben conducirse con apego a estos principios.
“Vemos que no está peleada la eficacia con la protección de los derechos humanos y esperamos que los que nos sucedan en la función legislativa empleen los mismos criterios para alcanzar la seguridad humana y el goce pleno de los derechos fundamentales de las personas”, concluyó el legislador panista.
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