La Comisión de Educación Pública aprobó el dictamen que modifica la Ley para la Coordinación de la Educación Superior en Materia de Becas.
El objetivo de esta propuesta es que los recursos establecidos en la reforma energética se canalicen a la formación de capital humano, especialmente entre grupos con mayor deserción y rezago en educación superior y de posgrado.
Durante una reunión de trabajo de esa instancia legislativa, que avaló el dictamen que reforma los artículos 2, 8 y 16 y adiciona el 28 y el 29 de la ley, también se plantó el cambio del nombre de Ley Federal de Educación a Ley General de Educación.
En un documento de trabajo se señala que las becas para la formación de capital humano en universidades y posgrados se otorgarán por la instancia correspondiente, al atender el pleno derecho de cada individuo a la educación con calidad
También a brindar una mayor equidad y justicia social, así como a prioridades y necesidades del desarrollo nacional, conforme a los principios de transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.
La iniciativa, que fue presentada por la diputada panista Guadalupe Mondragón González, detalla que la instancia que otorgue las becas contará con un consejo consultivo, que deberá hacer recomendaciones para que en la asignación del apoyo se observen los fines y principios establecidos.
Dicho consejo se integrará por un representante de las siguientes instituciones, que designarán a su vez a los respectivos suplentes: la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y los institutos Mexicano de la Juventud y Nacional de las Mujeres.
Asimismo serán invitados con voz pero sin voto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Los miembros ocuparán la presidencia del consejo en el orden mencionado y tendrá una duración de un año, en el cual expedirá sus estatutos para regular su organización y funcionamiento.
El consejo podrá solicitar, además, datos e información que requiera a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Consejo Nacional de Población y demás dependencias de la administración pública federal.
El documento indica que a través de la reforma se adopta una medida legislativa que permite al Congreso de la Unión cumplir los tratados internacionales, al garantizar que los recursos naturales se utilicen a través de la renta petrolera, sin incurrir en discriminación ni vulnerar los derechos de las personas reconocidos en la Constitución.