Con los cinco mil 356 millones de pesos que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE) para los 10 partidos con registro se pretende evitar que las instituciones democráticas sean “capturadas” por intereses privados, opinó el consejero Benito Nacif.
El financiamiento público a fuerzas políticas es un mandato constitucional, “es una parte de una estrategia establecida en la Constitución para (evitar) que los partidos estén buscando el dinero de fuentes privadas y haciendo acuerdos que comprometan la actuación de los funcionarios, los servidores públicos de elección popular”.
Nacif Hernández recalcó en entrevista que “este es un sistema que busca proteger a las instituciones democráticas para que no sean capturadas por intereses privados”.
Los mexicanos nos hemos dado un sistema de partidos ordenado, transparente y basado en recursos públicos, con el fin de hacer frente al problema de la corrupción y al ingreso de recursos provenientes de fuentes privadas.
El también presidente de la Comisión de Fiscalización aclaró que los recursos públicos destinados a las campañas electorales permite a los ciudadanos obtener información acerca de los candidatos y partidos, de sus propuestas y los problemas públicos que requieren atención.
De tal suerte que “el dinero para pagar las campañas tiene que salir de algún lado. México ha optado ya desde hace algún tiempo por un sistema ordenado, trasparente y basado en recursos públicos, con el fin de precisamente hacerle frente al problema de a la corrupción electoral”, remarcó.
Si bien el sistema de financiamiento de campañas vigente es perfectible, éstas tienen que ser financiadas de algún modo y en México se privilegió el ingreso de recursos públicos sobre los privados, concluyó el consejero del INE.
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