El modelo de comunicación política en México debe transformarse en uno de mayor contenido, que permita informar a la ciudadanía de manera adecuada sobre los asuntos político-electorales e incentive su participación en las elecciones.
Los participantes del programa ¡A Votar! recomendaron lo anterior durante la transmisión de la Plataforma Electoral, en el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En la emisión participaron Liza García Vélez, presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico; Héctor Díaz Santana, investigador del Instituto Politécnico Nacional; Roberto Duque Roquero, investigador de la UNAM, así como Pedro Lara y Malo, funcionario del TEPJF.
Indicaron que los organismos electorales y los medios de comunicación tienen la obligación moral de garantizar que la ciudadanía cuente con los elementos necesarios para emitir un voto informado.
En ese sentido, establecieron que se debe garantizar la existencia de mayor debate entre candidatos, así como la inclusión de nuevas herramientas de comunicación, como las redes sociales.
Dichos recursos, apuntaron, permitirían una mayor participación de la juventud, que en la actualidad es apática porque no se siente identificada con la oferta electoral de los partidos políticos y candidatos.
De acuerdo con Liza García Vélez, la globalización ha cambiado la forma de comunicarnos, situación que debe alcanzar a los procesos electorales para despertar un mayor interés de la juventud en éstos.
“Lo cual podría lograrse mediante la realización de diálogos y debates más nutridos entre los contendientes, mismos que puedan ser observados en los espacios que más frecuentan éstos, como las universidades o las redes sociales”, expresó.
En tanto, Héctor Díaz Santana explicó que la actual legislación da la oportunidad a los partidos políticos y a sus candidatos de impugnar los comicios, aunque no tengan fundamentos.
Ante ello, consideró que se tienen que afinar los procedimientos para presentar las controversias sin que existan excesos en el ejercicio de ese derecho.
En ese sentido, sugirió establecer límites, de manera que si un partido político impugna una elección sin tener sentido, tenga algún tipo de consecuencia.
“En México, en ocho años llevamos más de 120 mil asuntos que han llegado al Tribunal Electoral, entonces estamos hablando de un país de alta conflictividad y donde tenemos que poner énfasis y empezar a trabajar el tema de la cultura política y democrática”, puntualizó.
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