La bancada pevemista en la Comisión Permanente presentó de manera formal una iniciativa de reforma para que partidos y candidatos contraten tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, con cargo a sus respectivas fuentes de financiamiento.
En la Gaceta Parlamentaria se publicó este miércoles el proyecto de decreto que reforma el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comunicación política.
Esta iniciativa fue presentada ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el diputado Tomás Torres Mercado, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
En ella se propone también la eliminación del acceso gratuito de las fuerzas políticas y aspirantes a puestos de elección popular a los tiempos en radio y televisión administrados por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Además plantea la posibilidad de que los legisladores de los poderes legislativos de todo el país difundan a la ciudadanía, en cualquier momento, sus informes anuales de actividades.
En la exposición de motivos de la iniciativa se afirma que el hartazgo de la ciudadanía por la difusión masiva de spots de partidos y candidatos con cargo a los tiempos oficiales del Estado, ha evidenciado la ineficacia del marco jurídico que regula la propaganda política en radio y televisión.
El Partido Verde Ecologista de México propone, por ello, una contrarreforma al actual marco legal en materia de acceso de partidos políticos y candidatos a esos medios de comunicación bajo la premisa de que no cumple con los objetivos de difundir las plataformas electorales.
Tampoco reduce el costo de la democracia en México, no genera equidad en los procesos electorales ni los mensajes llegan efectivamente a la ciudadanía, agrega el documento.
Argumenta además que el actual modelo de comunicación política ha propiciado una sobreexposición y, consecuentemente, desprestigio de institutos políticos y sus abanderados, lo que impacta de forma negativa en los procesos electorales que se desarrollan en el país, tanto a nivel federal como en diversas entidades federativas.
Añade que existe un control excesivo para que los partidos accedan a espacios en radio y televisión, y se ha requerido que las autoridades electorales eroguen cantidades millonarias de recursos públicos, para que cumplan cabalmente con sus facultades de administración, monitoreo y fiscalización de estas actividades.
El modelo de comunicación política vigente ha puesto en riesgo la libertad de expresión de candidatos y ciudadanos, además de que esta limitación ha afectado a los legisladores.
Ello debido a que en cumplimiento de los principios elementales de transparencia y rendición de cuentas con la ciudadanía, “hemos sido cuestionados e incluso objeto de sanciones hacia los institutos políticos que nos postularon, por difundir en los medios de comunicación nuestros informes de labores legislativas”.
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