La senadora Angélica de la Peña Gómez presentó una iniciativa para emitir la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, que replantea una política salarial que evitaría la discrecionalidad en los sueldos de ese sector.
La legisladora del PRD opinó que hay privilegios que “contrastan con ingresos, carencias y necesidades de la mayoría de la población. México se caracteriza por ser uno de los países donde más latente es la desigualdad social”, señaló.
Por ello, al justificar su propuesta recordó que el PRD ha sostenido que “un modo de dignificar la función pública es el otorgamiento de sueldos adecuados y transparentes, evitando las prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de altos niveles”.
Indicó que su propuesta contiene las disposiciones generales para regular las remuneraciones que perciben todos los servidores públicos federales, incluidos quienes laboran en los tres poderes, sus órganos, dependencias y entidades, así como en los organismos autónomos.
Indicó que se regulan también los beneficios que se concedan como forma de liquidación por la prestación de servicios, sujetándolos a la normatividad legal o contractual aplicable, prohibiendo cualquier acuerdo que las contravenga.
Además que quienes detenten un cargo de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato, agregó.
La senadora De la Peña comentó que además se fijan reglas, procedimientos y competencias para la denuncia y seguimiento oficioso de las investigaciones relacionadas con los ilícitos que derivan de las conductas contrarias a esta ley.
Destacó que establece un nuevo tipo delictivo, el de remuneración ilícita, independiente a los preexistentes en la legislación penal, porque la conducta que se tipifica está referida directamente a la infracción de normas especiales establecidas en el propio ordenamiento.
“Estamos convencidos que deben eliminarse privilegios, como son los seguros de gastos médicos para los funcionarios que son pagados con recursos de los contribuyentes; dejar de pagar pensiones a ex presidentes; racionalizar y hacer eficientes las compras de bienes y servicios”, añadió.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictaminación.
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