El diputado José Angelino Caamal Mena propuso que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SC) haga públicas y mantenga actualizadas las estadísticas de accidentes aéreos, y difunda los resultados de las verificaciones en ese sector.
El integrante de la comisión de Transportes en San Lázaro consideró que se debe transparentar la información sobre las aeronaves civiles involucradas en accidentes y que operan al amparo de concesiones o permisos, así como las sanciones que en su caso se hayan impuesto.
Asimismo, precisó en un comunicado, que se haga público el “Programa de Verificaciones Técnico-Administrativas 2015” y que en este se consideren aquellos concesionarios y permisionarios relacionados a las aeronaves siniestradas durante 2014.
Refirió que la prensa reportó 23 accidentes de aeronaves civiles que dejaron un saldo de 37 muertos y 20 heridos, la mayoría de ellas eran “avionetas” utilizadas para servicios de fumigación, transporte de personas y capacitación (escuelas de aviación).
Si bien es cierto que los accidentes aéreos son impredecibles, alertó que la supervisión oportuna a las empresas dedicadas a ese rubro pueden minimizar las probabilidades de que ello ocurra.
Por ello, argumentó en un punto de acuerdo la importancia de que la SCT no solo lleve a cabo visitas de verificación a concesionarios y permisionarios de servicios de aviación, sino que además se hagan públicos los resultados de dichas verificaciones.
Además, en caso de que alguna aeronave se vea involucrada en un incidente es importante que exista información pública y precisa que permita conocer las condiciones en que operaba o si, en su defecto, había sido objeto de alguna supervisión o verificación.
Es importante que “aquellas personas que se encuentren en posibilidad de contratar la prestación de los servicios ofertados por los concesionarios de servicios aéreos tengan la certeza de que contratan empresas que cumplen a cabalidad con sus obligaciones legales”.
Recordó que la Ley de Aviación Civil faculta a la SCT a verificar que los concesionarios y permisionarios cumplan las disposiciones legales, cuyo eje es garantizar las condiciones máximas de seguridad y operación que protejan la integridad física de los usuarios y de terceros.
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