El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, detalló que el procedimiento especial sancionador está en una fase de experimentación, en la que se han identificado algunos elementos que requerirán alguna mejora.
En la inauguración del seminario “Justicia Electoral y Democracia” el funcionario electoral puntualizó que “estamos en una fase de experimentación, del nuevo diseño arquitectónico, normativo, del procedimiento especial sancionador”.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que “los procedimientos especiales sancionadores son producto de la intensidad y del dinamismo que han adquirido las contiendas y de la importancia de los medios electrónicos en las campañas electorales.
Córdova Vianello planteó que, más que desde una lógica punitiva, es fundamental analizar esos procedimientos conservando la preservación del principio de equidad en el curso de los propios procedimientos electorales.
Subrayó que en ocasiones atrás de las quejas existe una intencionalidad política, particularmente cuando éstas se dan durante el proceso electoral.
De manera que, añadió, “con el paso del tiempo las quejas en esa materia terminaron por convertirse en herramientas, en instrumentos, de la propia lógica y dinámica de la planeación política de los propios partidos”.
Fue así como después de cinco años de fricciones constantes que, dijo, “fundamentaron, creo que en la reforma de 2014, modificar el tratamiento de los procedimientos especiales sancionadores”.
Es así como ahora el INE se encarga de la integración del expediente y de otorgar o no las medidas cautelares, mientras que, por su parte, al Tribunal Electoral a través de la Sala Especializada, corresponde resolver el procedimiento especial sancionador para que sea la decisión definitiva, explicó.
En ese sentido se cuestionó “si la condición actual de que sea un órgano del Consejo General el que determine el otorgamiento o no de medidas cautelares, y un órgano distinto del que va a resolver en el fondo del asunto, efectivamente sea la mejor ruta para poder procesar tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista político ese tipo de procedimientos”.
A su vez el magistrado Manuel González Oropeza coincidió en que ese es un proceso de aprendizaje, ya que “es decir, tenemos un marco constitucional y legal novedoso”.
Puntualizó que ante ese panorama aún existe mucho que hablar y discutir en ese proceso de transición de todas las autoridades.
González Oropeza llamó a los diversos actores a acercarse no sólo como espectadores, sino para hacer uso de los diversos foros que permitan de una manera objetiva realizar los señalamientos a las autoridades y mostrar las lagunas que pudiera tener la ley.
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