El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, anticipó el voto de su bancada contra la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar con recursos de cuentas inactivas en las Afores y advirtió que, de ser aprobada dicha reforma, el bloque opositor interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
Calificó además de confiscatoria la iniciativa suscrita por el legislador morenista Ignacio Mier para transferir el ahorro para el retiro de los adultos mayores de 70 años a un fideicomiso manejado por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México.
“Votaremos en contra de que el gobierno tome recursos de las Afores para el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues ese es dinero de los trabajadores. En caso de que prospere la iniciativa de Morena, los diputados presentaremos una acción de inconstitucionalidad y ayudaremos a los trabajadores a que se defiendan”, puntualizó.
En su programa “Con peras, manzanas y naranjas” en redes sociales, Moreira alertó que los recursos de los trabajadores podrían ser tomados para obras monumentales y manifestó su preocupación por que, al ser reformas secundarias, Morena y sus aliados las pueden aprobar sin la oposición.
Reafirmó estar de acuerdo en las pensiones al cien por ciento del último salario de los trabajadores, pero rechazó la iniciativa de Morena, pues si una persona fallece, su patrimonio tiene herederos que pueden reclamar el recurso de manera legal.
El legislador recomendó por ello acercarse a expertos en la materia para recibir más información a fin de saber si cuentan con Afore y cómo solicitar lo que les pertenece.
“En caso de fallecimiento, que familiares vayan por su dinero; que los trabajadores se acerquen a sus líderes sindicales y protesten, ya que no se vale quitarle a los más pobres su dinero”, remarcó.
En su turno, el diputado con licencia Marco Antonio Mendoza señaló que la propuesta morenista deja a los trabajadores sin posibilidad de defenderse, pues no prevé ninguna acción legal contra la apropiación de los recursos, mientras los titulares de las cuentas ni siquiera serán notificados.
“Establecen que no hay ningún recurso legal, algo que no existe en un estado de derecho, en una democracia, en un país como el nuestro; es una grosería, es un robo en despoblado, ni siquiera le dan al trabajador la posibilidad de defenderse; no es dinero público, es dinero de los trabajadores que a lo largo de muchas décadas es producto del esfuerzo”, dijo.
(milenio.com)
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