Los presidentes de las comisiones Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Gobernación, Pablo Escudero Morales y Cristina Díaz Salazar, presentaron una iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Indicaron que esta propuesta atiende los principios de la reforma constitucional publicada el año pasado y acorde con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recientemente aprobada.
Subrayaron que esta iniciativa impulsa la transparencia como instrumento del sistema de rendición de cuentas del Estado mexicano, al tiempo de manifestar su confianza de encontrar con ella, las convergencias con todas las fuerzas políticas.
Destacaron la importancia y el compromiso adquirido de armonizar la Ley Federal con los principios, objetivos y procedimientos establecidos en la reforma y la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La iniciativa presentada en diciembre pasado no comprendía algunos aspectos que fueron incluidos más tarde en la Ley General.
Además los presidentes de las Comisiones Legislativas que trabajarán en el proceso de dictaminación de la Ley Federal, señalaron que la iniciativa que presentan reitera lo dispuesto en la Ley General en lo que respecta a los sujetos obligados, las atribuciones y facultades del Inai y de su Consejo Consultivo.
Así como de las funciones de las Unidades de Transparencia y los Comités de Transparencia de los sujetos obligados, la verificación de las obligaciones de transparencia y la denuncia por su incumplimiento.
Esta iniciativa precisa facultades y funcionamiento del pleno del Instituto, así como el procedimiento de su remoción e incluso especifica los criterios para calificar las medidas de apremio, las reglas generales del procedimiento sancionatorio y los elementos con que debe contar la prueba de daño que apliquen los sujetos obligados.
De igual forma, establecieron que debían cumplir con obligaciones de transparencia -por su naturaleza, facultades, atribuciones y funciones- instituciones como el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Fiscalía General de la República.
También el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Federal.
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