Senadoras del PRI y del PVEM presentaron una iniciativa para sancionar legal y económicamente la falsificación o alteración de certificados prenupciales, de nacimiento, defunción y muerte fetal, expedidos por las autoridades correspondientes.
En su exposición de motivos, las legisladoras Diva Hadamira Gastélum, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Saraí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, explicaron que el objetivo de su propuesta es evitar el mal uso de documentos oficiales.
Quien haga uso indebido de esos certificados sería sancionado con prisión de cuatro a ocho años y de 200 a 360 días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, sin perjuicio de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos que resulten, advirtieron.
Si quien realiza una conducta de ese tipo es un profesional de la salud, servidor público o alguna de las personas autorizadas para su expedición, la pena de que se trate aumentará hasta en una mitad más.
Recordaron que la NOM-023-SSA3-2012 en materia de información en salud establece en su numeral 12.2.10 que cualquier variación dolosa entre los hechos ocurridos y lo asentado en un certificado de defunción o de muerte fetal será objeto de sanción conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Se sabe de casos, no probados, en los que se presume venta de certificados de nacimiento, sobre todo en estados que se localizan al sur del país, señalaron.
En ese contexto, se tiene conocimiento de que los certificados de defunción se llenan y emiten con información falsa, abundaron las legisladoras.
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