El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCdMx) Rafael Guerra Álvarez, propuso eliminar el auto de vinculación a proceso, al advertir que es confuso, incongruente con la metodología del sistema acusatorio y no garante del respeto a los derechos humanos.
El magistrado presidente planteó cancelar este precepto (previsto en el artículo 19 constitucional) mediante una reforma constitucional. Destacó que esa figura no garantiza la libertad personal ni el principio de continuidad.
Además, consideró que no es acorde a tratados internacionales, que prevén la obligatoriedad de las autoridades de informar de manera inmediata los cargos a un detenido y formular acusación.
Al dictar la conferencia magistral “Reforma constitucional para eliminar el auto de vinculación a proceso”, Guerra Álvarez propuso que, en lugar del auto de vinculación, se incorpore en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, como elemento de estudio en la imposición de medidas cautelares, la apariencia del buen derecho.
En tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se adhiera el control de la acusación como excepción o la obligatoriedad del control de la acusación.
“En mi ánimo hay confianza en que lo señalado goce de claridad para poder reflexionar en torno al famoso auto de vinculación a proceso, que ha generado una problemática procesal en los operadores y teóricos del proceso penal, y que, al mismo tiempo, nos permite que el día de hoy se ponga a consideración de este foro ideas que contribuyan a la congruencia de la forma en que en México se juzga a las personas que se presumen inocentes”, destacó.
Añadió que el auto de vinculación a proceso no cumple con la condición de ser claro, lo que lo convierte en confuso e incongruente. Dijo que, ante la presencia de un delito, el proceso penal debe ser claro para todos los gobernados, pero sobre todo ser congruente y garantizar en cada una de sus etapas el respeto a los derechos humanos.
Precisó que el procedimiento penal debe ser metodológicamente congruente para que, cuando como último recurso una persona que se presume inocente sea llamada a él, tenga la certeza de que habrá justicia.
(milenio.com)
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