La senadora Lorena Cuéllar Cisneros propuso incorporar de manera explícita en la Ley General de Desarrollo Social el derecho de las personas al acceso a la información en la materia, a fin de fortalecer las políticas de transparencia hacia los programas sociales.
La legisladora del Grupo Parlamentario del PRD planteó la obligación de los distintos órdenes de gobierno para que dentro de sus programas operativos de desarrollo social detallen la información referente a subsidios y transferencias, estímulos, apoyos, servicios de infraestructura social.
Además, la información referente a montos, recursos, beneficios y apoyos otorgados deben también distribuirse con criterios de equidad y transparencia, subrayó la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social.
Señaló que su iniciativa para modificar la Ley General de Desarrollo Social complementa las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de transparencia hacia programas y fondos con objetivos sociales.
Asimismo, enfatiza el carácter proactivo de los ciudadanos en el proceso de transparencia y rendición de cuentas.
De acuerdo con cifras contenidas en la iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales, la participación ciudadana en la formulación, ejecución y evaluación de los programas sociales es una de las tareas pendientes a nivel nacional.
Mencionó que el promedio de la participación ciudadana en el total de programas sociales en 2013 fue de 41.6 por ciento y de todos los programas sociales en el país, sólo el 55 por ciento hacen público su presupuesto.
La perredista reconoció que dicha legislación integró dentro de los principios la Política de Desarrollo Social a la transparencia como un medio para la difusión de la información relativa al desarrollo social, otorgándole el atributo de pública, oportuna, sistemática y veraz.
Estos avances han permitido identificar deficiencias en el manejo de programas sociales, “abriendo, además, la ventana para facilitar la denuncia, presentación de quejas, corrección de procedimientos administrativos y la sanción de conductas ilícitas en el manejo de fondos y recursos con fines sociales”, resaltó.
No obstante, consideró que estos logros y alcances del marco jurídico e institucional aún presentan deficiencias y su operatividad todavía no es integral.
“Por esto, debemos impulsar mecanismos de transparencia dentro de los procesos que involucran fondos y recursos para el combate a la pobreza puesto que además esto ha sido una demanda constante por parte de distintos sectores de la sociedad”, concluyó.
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