Tras afirmar que la Ley de Movilidad de la ciudad de México sí contempla la regulación del nuevo servicio de transporte por aplicación, como Uber y Cabify, la asambleísta Laura Ballesteros resaltó que sólo falta su reglamentación.
Por ello expuso que propondrá al Laboratorio de la Ciudad regular, en un nuevo reglamento de la Ley de Movilidad, los servicios de ese tipo bajo la figura de Empresas de Redes de Transporte (ERT) Basadas en Aplicaciones Móviles para proteger al usuario y al trabajador.
La diputada local independiente señaló que la Ley de Movilidad “detalla que el Artículo 56 contempla la figura de servicios de transporte de pasajeros individuales como Uber y Cabify, bajo la figura de Transporte Privado de Pasajeros”.
Comentó que se dejó de esa forma para permitir que los detalles específicos fueran delineados en un reglamento, con el propósito de cuidar tanto la flexibilidad como el dinamismo de los avances tecnológicos y proteger la innovación.
Lo anterior quedó plasmado en el Artículo 56 de la Ley de Movilidad y se tendrán importantes beneficios para los consumidores, ya que facilitará la fiscalización de recursos.
La integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dijo que ya envió una propuesta al Laboratorio de la Ciudad para crear el reglamento, en el que sugiere solicitar el registro y correspondiente pago de las Empresas de Redes de Transporte por los servicios de gestión y uso de vía pública.
También el pago de permisos correspondientes de los proveedores por el servicio de transporte que ofrecen, y sugiere que las tarifas sean fijadas por las ERT y que no estén atadas a las que fije la autoridad para servicios de taxi, pero sus esquemas tarifarios deberán ser presentados ante la Secretaría de Movilidad y publicados.
La legisladora pidió al gobierno capitalino abrir un nuevo debate que elimine el exceso de trámites a los operadores de taxis, que reduzca los 43 trámites administrativos que realizan, así como acabar con los esquemas de corrupción, al otorgar 30 por ciento de sus ganancias.
Ballesteros Mancilla dijo que el principal trámite que se debe eliminar y que pugnará porque así suceda, es la revista vehicular que año con año tienen que pagar los taxistas, que en este 2015 fue de mil 168 pesos.
Aclaró que taxis y unidades de Empresas de Redes de Transporte “no deben tener la misma regulación, pues no son las mismas figuras. Los taxis son un servicio público, mientras que los ERT son un servicio privado”.
El reto de los nuevos reglamentos será “desarrollar una regulación que proteja al usuario y garantice la seguridad y la calidad de estos servicios, y también de los servicios tradicionales de taxi”.
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