El subprocurador federal Gilberto Higuera Bernal planteó la necesidad de modificar la Ley Federal de Extinción de Dominio para que se actúe de manera más expedita e incluya más delitos que sean motivo de que los bienes de la delincuencia organizada sean enajenados a favor del Estado mexicano.
El subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR asistió a la inauguración del foro “Extinción de Dominio”, que organiza el Senado de la República, donde destacó también que dentro de las reformas a ese ordenamiento jurídico se debe fortalecer la figura de ministerio público.
En representación de la procuradora general de la República, Arely Gómez, afirmó que esa dependencia federal tiene la mejor disposición de aportar, junto con el Legislativo federal, al debate que se originará en torno a esa importante herramienta para el combate a la delincuencia organizada y la corrupción.
Ante el presidente del Senado de la República el perredista Miguel Barbosa Huerta, y de la organizadora del foro, la panista María del Pilar Ortega Martínez, indicó que podría resultar aleccionador examinar esta cesión de bienes a favor del Estado respecto a más delitos no contemplados en la legislación vigente.
En ese sentido, resaltó que tiene particular relevancia la reciente reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, que comprendió la modificación de 14 preceptos entre ellos el numeral 22 que agregó el delito de “enriquecimiento ilícito”.
Señaló que también es necesario que se abrevie la duración de los juicios de extinción de dominio y confió en que las mejores formas de regulación deberán encaminarse a un proceso más expedito y con participación ministerial, que con respeto a los derechos humanos actúe con eficacia frente a las organizaciones criminales que dañan a la sociedad.
Reiteró que con la actual Ley Federal de Extinción de Dominio, promulgada hace seis años la Procuraduría General de la República (PGR) tiene un marco jurídico que le permite en el ámbito de su competencia ejercer acción “empleando los medios a su alcance”.
“Sin embargo es bien sabido que la aplicación de la figura contiene innegables virtudes pero también sugiere ámbitos de mejora”, agregó.
Higuera Bernal planteó que al existir diversas iniciativas de reformas a la legislación de extinción de dominio pendientes de analizar por el Congreso de la Unión resulta imprescindible contar mejores y más precisos elementos de regulación.
“Es recomendable evaluar objetivamente el alcance de las leyes de extinción de dominio federal y local para proyectar más y mejores normas en favor de la procuración de justicia que todos deseamos, más eficiente y más eficaz”, puntualizó.
Recordó que la figura de extinción de dominio se concibió en la ley como una herramienta para afectar a favor del Estado instrumentos, objetos o productos de la comisión de delitos y fue creada no sólo como una acción jurídica ejercitable por el ministerio público, sino también como una herramienta para procurar una efectiva procuración de justicia.
Refirió que históricamente la fenomenología delictiva muestra una creciente tendencia a la comisión de delitos que generan beneficios económicos a quienes los cometen.
Señaló que más recientemente ilícitos como la trata y delitos contra la salud, especialmente los relacionados con delitos en materia de narcóticos, el secuestro, la extorsión y muchos otros que hoy se conocen en el catálogo delictivo.
Finalmente, añadió que esos delitos “significan una carga importante para el Estado en razón de la necesidad de combatirlos, por lo que es necesario disminuir la capacidad económica de los infractores de las ley penal creando mecanismos y herramientas a través de las leyes”.
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