Al conmemorarse el Día Internacional de la Lengua Materna, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades gubernamentales a que el reconocimiento de las lenguas indígenas sea equitativo respecto del idioma español.
El organismo consideró que la incorporación de lenguas maternas de los pueblos indígenas debe realizase en los sistemas gubernamentales normativos, administrativos, educativos, de justicia y de salud, subrayando la importancia de promover entre la población el conocimiento sobre la diversidad lingüística en el país.
De acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, en el país se hablan 364 variantes lingüísticas, organizadas en 68 agrupaciones y 11 familias lingüísticas, las cuales forman parte del patrimonio cultural y lingüístico nacional.
A partir del 14 de agosto de 2001, con la reforma al Artículo 2 constitucional, México es reconocido como una nación de composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, a quienes se les reconoce y garantiza sus derechos tanto individuales como colectivos.
En un comunicado, la CNDH señaló que uno de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas que reconoce el apartado A de dicho precepto constitucional es el de la libre determinación; en consecuencia debe preservar y enriquecer sus lenguas, conocimiento y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad.
En el mismo artículo y apartado, Fracción VIII, se reconocen como derechos de las personas indígenas acceder plenamente a la jurisdicción del Estado a ser tomadas en cuenta sus costumbres y especificidades culturales en todos los juicios y procedimientos en que sean parte.
Asimismo a ser asistidos por intérpretes, traductores y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
Estableció que el respeto y goce de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas alcanzó una mayor dimensión con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.
Se profundiza y refuerza el deber de las autoridades del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos previstos en la Constitución mexicana y en los tratados internacionales ratificados por México, otorgando a las personas la protección más amplia, puntualizó.