El diputado federal del PRD, Mario Alejandro Cuevas, propuso exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a publicar información sobre las sanciones a permisionarios que venden incompleta la gasolina, el diésel y el gas LP.
En un comunicado, el secretario de la Comisión Investigadora de los contratos celebrados por Petróleos Mexicanos (Pemex), sus empresas subsidiarias y filiales, de 2006 a la fecha, precisó que no se tiene conocimiento de las sanciones que se aplican a las gasolineras en las que se detectan irregularidades.
Se desconoce en cuántas ocasiones han reincidido en vender litros incompletos y cómo se les ha permitido seguir operando, expresó.
Resaltó que en México los ciudadanos enfrentan cotidianamente la estafa que cometen las gasolineras y las estaciones que suministran gas licuado de petróleo.
Una de cada tres gasolineras roba a los automovilistas, vende litros de combustible incompletos, mientras que las estaciones de gas licuado de petróleo entregan cantidades inferiores a las que registran sus instrumentos de medición.
Cuevas Mena refirió que en 2013 la Profeco informó que 36 por ciento de las dos mil 359 gasolineras que verificó presentó alteraciones, además de que detectó otras violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la NOM-005-SCFI-2005.
La Procuraduría está obligada a iniciar un procedimiento por infracciones a la ley, y cuando confirma que un proveedor incumplió lo debe sancionar con multas, clausuras o inmovilización.
Sin embargo, “no se conoce el tipo de sanción aplicada, lo cual serviría para prevenir a los consumidores, por lo que es imprescindible que el sitio oficial de la dependencia haga pública esa información”, destacó.
Puntualizó que al tratarse de un delito, debe intervenir el Ministerio Público Federal para acreditar los elementos del tipo penal que corresponden.
Agregó que la Cámara de Diputados debe exhortar a la Profeco a colaborar con información detallada de las verificaciones que realiza, haciendo del conocimiento público, en su sitio oficial, el resultado y la sanción aplicada.
Cuevas Mena detalló que si bien se han hecho reformas para endurecer la punibilidad de ese delito, hay opacidad en los resultados de las verificaciones que se han realizado hasta el momento.
De ahí la necesidad de trasparentar los datos y contar con los antecedentes que faciliten, no sólo la aplicación de dicha normatividad y las sanciones, sino hacer efectivo el derecho a la información que tienen los consumidores de gasolina, diésel o gas LP, para conocer y tener orientación sobre los sitios donde ocurren las estafas de ese tipo.
Finalmente, afirmó que el delito más recurrente es la alteración en las bombas de la gasolina y los instrumentos de medición de las estaciones de gas LP, con el propósito de despachar menos combustible del que pagan los automovilistas.
Por lo anterior, la información debe ser pública y detallada respecto al tipo de sanción aplicada, la mayor parte del tiempo la conducta se repite y las estaciones de servicio burlan la ley, por lo que es necesario prevenir al consumidor de manera oportuna, aseveró.
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