La bancada panista en el Senado propuso un exhorto para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva a la brevedad la controversia constitucional 50/2021 presentada por la interpretación de la fracción V del artículo 111 Constitucional y los efectos pretendidos de la declaración de procedencia contra gobernadores de las entidades federativas, así como la 70/2021 en contra de posibles actos judiciales consecuencia de esta declaración.
Mediante un punto de acuerdo de urgente presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, afirmaron que la ante los intentos de invadir el ámbito de competencia local y violar derechos de servidores públicos, es necesario que se resuelva este tema lo antes posible.
Señalaron que la Cámara de Diputados erigida, así como la Fiscalía General de la República (FGR), han pretendido recientemente invadir competencias de los Congresos locales y vulnerar los derechos de los servidores públicos.
En ese sentido, manifestaron que el proceso de declaración de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y la interpretación de sus consecuencias por parte de la Federación pueden sentar un precedente perverso para iniciar acción penal de manera indebida contra mandatarios de cualquier estado de la República.
“Es muy claro, pretenden actuar bajo consideraciones estrictamente políticas por encima del derecho tanto de los servidores públicos como de las Entidades Federativas. No podemos permitir este tipo de prácticas para atacar a los adversarios políticos”, advirtieron.
El 21 de mayo, ante el posible libramiento de una orden de aprehensión en contra García Cabeza de Vaca, el Congreso local interpuso la controversia constitucional 70/2021 contra la FGR y al Juez de Distrito por la solicitud y posible libramiento de dicha orden, al manifestar que se trata de un acto que afecta la esfera constitucional de este Poder Legislativo local y contraviene a la Constitución, detallaron.
Subrayan que la Primera Sala de la SCJN determinó que debía admitirse a trámite la primera controversia presentada por el Congreso Local desde el 29 de abril, reconociendo los posibles efectos de la declaración de procedencia y el genuino conflicto interpretativo sobre el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución, lo que tendrá que ser resuelto por el Pleno de la SCJN.
La SCJN debe resolver sin mayor demora estas controversias respecto de uno de los temas fundamentales y base de nuestro federalismo y reiterar el respeto a las atribuciones constitucionales de los Poderes Legislativos locales, indicaron.
La resolución inmediata al respecto en el máximo tribunal es fundamental para que los servidores públicos puedan continuar en el desempeño de sus encargos con la debida libertad y sin presiones políticas de ningún tipo y, sobre todo, mantener en vigencia y respeto de nuestro pacto federal.
“Las controversias constitucionales que han sido interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar los alcances y efectos de las declaratorias de procedencia emitidas por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión contra servidores públicos de carácter local no deben ser pospuestas”, insistieron.
(milenio.com)
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