El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, propuso reformar el Código Penal Federal, a fin de incluir, como delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos, la ejecución de actos de molestia no justificados y la apertura de carpetas de investigación sin sustento jurídico.
A través de una iniciativa presentada durante la sesión virtual de este martes, el panista sugirió penalizar con 6 a 12 años de prisión y multa de 500 a mil unidades de medida, al servidor público o privado, que revele, comercialice o publique cualquier instrumento o documentos que obran en la carpeta de investigación o en un proceso penal.
“No puede permitirse que un funcionario público emita actos de molestia sin fundamento, inicie carpetas de investigación sin sustento jurídico o filtre información para dañar a terceras personas o, incluso, ponga en riesgo la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público, y con ello, propiciar impunidad al no poder ser procesada la persona imputada”, destacó.
Para tener verdadera justicia, se debe fortalecer la autoridad pero también proteger de abusos a ciudadanos. Hoy presentamos iniciativa para evitar abusos de poder al castigar a servidores públicos que actúen sin fundamentos en investigaciones, actos de molestia y/o filtraciones. pic.twitter.com/D3huqz9Fw4
— Damián Zepeda (@damianzepeda) February 9, 2021
El legislador planteó incorporar a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, como supuestos de responsabilidad administrativa, los actos de molestia no justificados, la apertura de carpetas de investigaciones sin sustento jurídico y la filtración de información que obra en una carpeta de investigación o en un proceso penal.
El senador señaló que se ha vuelto una práctica cotidiana la filtración de informes que forman parte de las carpetas, lo que vulnera derechos humanos consagrados en la Constitución, así como el debido proceso y la presunción de inocencia.
Explicó que, sumado al principio de presunción de inocencia, en México toda persona tiene la garantía del debido proceso para asegurar o defender sus derechos y libertades cuando es acusada de cometer un delito.
Enfatizó que las autoridades, incluyendo el Ministerio Público, deben actuar con imparcialidad y sin injerencias, apegadas a derecho.
“Esto quiere decir que la autoridad debe conducirse de acuerdo con lo que establecen las leyes y cumplir sus funciones de forma objetiva, prohibiendo cualquier acto de intimidación, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgos injustificados”, añadió.
La iniciativa fue enviada a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.
(milenio.com)
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