México ha recibido hasta ahora el apoyo, bajo la figura de amicus curiae (amigos de la corte), de funcionarios estatales y federal, entre los que están 14 procuradores estatales y 25 fiscales de distrito de prácticamente todo Estados Unidos, con el fin de fortalecer su demanda en contra empresas fabricantes de armas por comercio negligente en una corte de ese país.
Con el escrito de amicus curiae, los procuradores y fiscales estadunidenses respaldan públicamente a México ante las mociones de desestimación que han presentado los equipos legales de las empresas fabricantes de armas.
En un acto que resulta simbólico, Maura Healey, procuradora general de Massachusetts, es quien encabezó la petición de amicus curiae por parte del grupo de procuradores estatales ante la corte en Boston donde desde agosto está alojada la demanda del gobierno mexicano.
California, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Oregón son los otros estados que han presentado su apoyo a México a través de sus procuradurías estatales.
En el escrito, del que MILENIO tiene copia, los procuradores explican a la Corte por qué la interpretación de las empresas demandadas de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), se desvía del texto llano del estatuto, de la intención del Congreso al promulgar esa ley, y de las normas de construcción estatutaria fundamentales para nuestro sistema federal de gobierno.
“En particular, explicamos que el PLCAA preserva el derecho de los demandantes a ejercitar acciones alegando violaciones conscientes de los estatutos estatales aplicables a la venta o comercialización de armas de fuego, incluyendo los estatutos de protección al consumidor de aplicación general”, se lee en el texto.
Países y organizaciones también se vuelven ‘amigos de la Corte’
Respaldando a México como amigos de la corte, se han sumado países como Belice, Antigua y Barbuda, así como Bermudas además de algunas organizaciones de la sociedad civil, expertos en derecho internacional sobre aplicación de leyes en casos de daños transfronterizos y víctimas del impacto de la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas.
Algunas de las organizaciones que se han sumado a México en su demanda en contra de las principales empresas fabricantes de armas por comercio negligente son Giffords, una asociación civil con sede en Estados Unidos dirigida por la ex legisladora demócrata Gabrielle Giffords, y Everytown for Gun Safety (Cada Pueblo para la Seguridad de Armas), que cuenta con cerca de ocho millones de simpatizantes.
Por la tarde, la defensa de México encabezada por el consultor jurídico de la secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, y el abogado estadunidense especializado en este tipo de casos, Steve Shadowen, presentaron la respuesta a los argumentos iniciales de las defensas de las empresas armeras donde piden denegar la petición conjunta y cada una de las peticiones por separado que han hecho las empresas demandadas.
(milenio.com)
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