» ONU-DH reconoce reforma sobre pueblos indígenas y afromexicanos

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  (ONU-DH) destacó, a través de un comunicado, la aprobación de la reforma constitucional en materia de pueblos indígenas y afroamericanos en México.

“Con esta Reforma Constitucional, el Estado mexicano acerca su normativa nacional a las obligaciones internacionales”, aseguró.

De igual manera, la ONU-DH resaltó que “México desempeñó un papel clave y asumió el compromiso de implementarla en el país” ayudando en el “avance hacia la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.

Esta reforma reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como “sujetos de derecho público”, en cumplimiento de una de las recomendaciones de la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hecha en 2018.

Además, establece que la auto adscripción será el criterio para reconocer a los pueblos y comunidades para estar en sintonía con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, la ONU-DH resaltó que la reforma permite que las comunidades indígenas y afromexicanas puedan determinar sus condiciones políticas su desarrollo económico, social y cultural, conforme a lo establecido en los artículos tres y cuatro de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.

“La reforma contiene importantes avances en el reconocimiento de la medicina tradicional y el derecho a la alimentación” afirmara el comunicado.

La organización aseguró que el nuevo marco legal reconoce los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, incluyendo su derecho a la educación, la propiedad de la tierra y su participación en el desarrollo integral.

Finalmente, la ONU-DH instó a las autoridades mexicanas a continuar fortaleciendo estos derechos en línea con los compromisos internacionales del país, señalando que es necesario seguir desarrollando un marco normativo que incorpore “el principio de indivisibilidad de los derechos humanos y el derecho a la tierra y el territorio”.

(milenio.com)