El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Abel Barrera Hernández, sostuvo que las menores que han sido rescatadas de matrimonios forzados en Joya Real, municipio de Cochoapa, Guerrero, se encuentran en la incertidumbre, pues no existe un mecanismo institucional que les garantice la posibilidad de recomponer sus vidas, ya que las autoridades actúan de manera inmediata pero no les dan el seguimiento correspondiente.
En los hechos, las menores que han sido recuperadas, tras ser vendidas por sus familias, se encuentran en el abandono.
Barrera Hernández sostiene que no existen mecanismos reales para erradicar la venta de niñas en las comunidades de la Montaña alta, y por el contrario, indicó que las autoridades sólo reaccionen por la presión mediática de los casos, pero no cuentan con una ruta de seguimiento a los casos.
El defensor de los derechos humanos fue quien dio parte a las autoridades respecto al caso de Nayeli, la niña que el 23 de noviembre fue rescatada de un matrimonio previamente negociado con otro menor, pero que escapó escondiéndose en la casa de un amigo.
Tlachinollan también mantiene contacto con la familia de Angelica, una menor de 15 años, que estuvo encarcelada porque pedían la devolución del dinero que su suegro pagó por ella, luego de que se negó a ser violada cuando su marido se encontraba fuera.
Señaló que en ambos casos registrados en la comunidad de Joya Real, las autoridades estatales sólo reaccionaron luego de que los hechos se dieron a conocer en los medios.
Sin embargo, en ambos casos se sacó a las menores de su pueblo, pero no tienen el acompañamiento que necesitan y no existe claridad respecto a lo que sucederá con ellas.
Anayeli es huérfana de padre, su mamá es monolingüe y la única posesión que tiene está en Joya Real, comunidad a la que por lo menos ahora no puede regresar, por el riesgo a represalias que incluso pueden costarle la vida.
“Queremos que las autoridades se involucren más” expuso Barrera, al referir que tampoco se implementó un mecanismo de vinculación para que las menores, después de haber pasado por dicha situación, puedan contar con garantías en caso de regresar a su comunidad, pues se debe respetar el derecho de retomar una vida acorde a su edad.
“Solamente tuvieron la visita dos o tres veces de personal de la Secretaría de la Mujer que acudieron a darles atención psicológica, pero no hay más. No hay seguimiento y esto es lo que nos preocupa. No hay una instancia que se aboque de forma especial a estos casos” apuntó.
Detalló que en el caso de Angelica, cuando el CDHM recibió la denuncia anónima, en primera instancia no sabían a qué dependencia estatal dirigirse para que dieran seguimiento al caso, por lo que tuvieron que hablar de forma individual a cada una de las instituciones que consideraron afines al suceso.
Lamentó que se carezca de algo tan elemental como una línea directa para denunciar este tipo de casos, aunque se requiere de un área específica, donde se reciban y se les dé un seguimiento puntual.
Sostuvo que la situación es preocupante, porque en Tlachinollan se tiene conocimiento de que existen pactados por lo menos cuatro matrimonios más entre menores de edad, solo en Joya Real.
Y lamentó que las autoridades vayan a reaccionar solamente cuando se intenten consumar las uniones de menores, o cuando éstos se den a conocer de forma mediática.
“Necesitamos que las instituciones reaccionen, pero también que se tomen medidas reales y de verdad protejan a las menores y sus familias, no nada más que acudan en el momento”, agregó.
(milenio.com)
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