El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar reiteró que es urgente que se tomen medidas para detener el abuso de las empresas distribuidoras de gas LP y con ello poner un alto al incremento desmedido de sus precios. En particular, aplaudió la decisión que tomó el Ejecutivo Federal de crear una empresa, Gas Bienestar, para distribuir gas a precio justo, sin que las empresas particulares dejen de participar. Lo anterior, mientras se establecen las condiciones para poner un precio máximo y se sigue incentivando la competencia en este mercado.
“Esta medida busca abonar a la competencia en el mercado del gas L.P. y beneficiar a la población con precios más bajos. Es una decisión trascendental y ahora es necesario agilizar su implementación, incluyendo las consideraciones administrativas y de impacto presupuestal. No obstante, desde el Congreso debemos actuar para apoyar las acciones del Presidente en el combate al alza de precios de combustible”, señaló.
En tal sentido, Ramírez Cuéllar llamó a las y los legisladores a discutir en un periodo extraordinario de sesiones una modificación a de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 donde se señale que como medida precautoria que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) pueda establecer la regulación provisional de los precios en el expendio al público de gas L.P., en tanto la COFECE concluya el procedimiento de declaratoria de condiciones de competencia.
“Lo anterior, permitirá que el Ejecutivo Federal pueda implementar rápidamente medidas de apoyo para las y los ciudadanos para contener el aumento desmedido en el precio de este combustible, y no esperar meses para la declaratoria de falta de condiciones de competencia por parte de la COFECE, la aprobación de las modificaciones a la Ley de Ingresos debe ser de forma paralela a la constitución de Gas Bienestar y las investigaciones de la COFECE”, señaló el legislador.
Cabe señalar que dicha facultad se había establecido previamente en los ejercicios fiscales de 2017 a 2019, en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF); sin embargo, a partir del ejercicio fiscal de 2020, la LIF dejó de hacer referencia a esta medida precautoria, por lo que actualmente resulta indispensable esperar a que COFECE, en su caso, emita la declaratoria de ausencia de competencia para que la CRE haga uso de la facultad de regular precios.
Actualmente, el proceso para poder establecer la regulación en los precios consiste en una solicitud a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por parte de la Secretaría de Energía o la CRE, para que “evalúe la existencia de condiciones de competencia efectiva y, en su caso, que emita la declaratoria correspondiente”; una vez que la COFECE declara que no hay condiciones de competencia económica, la Secretaría de Economía fija los precios máximos y la Profeco verifica que se cumplan.
En relación con lo anterior, el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica señala que en los términos del artículo 28 constitucional, para la imposición de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para consumo popular, corresponde exclusivamente al Ejecutivo federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. Para lo anterior, la COFECE habrá de determinar mediante declaratoria que no existen condiciones de competencia efectiva.
“El proceso puede ser tardado, por ello, es indispensable que las y los diputados aprueben la reforma a la Ley de Ingresos para que el Ejecutivo pueda actuar rápidamente”, puntualizó el diputado.
Por otro lado, es importante destacar que la COFECE ha emplazado a varias empresas y personas físicas por su probable responsabilidad en posibles prácticas monopólicas absolutas y acuerdos ilegales para manipular precios en prácticas anticompetitivas para repartirse el mercado de la distribución y comercialización del gas L.P. en México.
“Es urgente aprobar modificaciones legales que permitan al Ejecutivo Federal actuar rápidamente ante los abusos de los que son partes millones de mexicanos y mexicanas por parte de las empresas distribuidoras de gas LP. Éste, es el combustible más usado por los hogares mexicanos, 76% de ellos lo consume y destina alrededor del 3.5% de su ingreso para adquirir este bien”, finalizó.
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