Las mujeres son las mayores víctimas de la crisis penitenciaria que se vive en el país, derivada de la sobrepoblación en centros de readaptación, advirtió el senador Fernando Torres Graciano.
Por ello, propuso reformar los códigos Federal de Procedimientos Penales, y Penal Federal, a fin de flexibilizar los trámites para conceder, bajo protesta, la libertad condicional a las mujeres que cometan delitos no graves y así evitar su ingreso a cárceles.
Apuntó que con ello será posible revertir los abusos a los que son sometidas en prisión y, sobre todo, disminuir el riesgo de que sean expuestas a la contaminación criminógena, es decir, que aprendan conductas criminales de reos peligrosos.
Indicó que un estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que la mayoría de las mujeres que enfrentan un proceso no pueden pagar un abogado o fianza, y tienen mayor riesgo de pasar un tiempo prolongado en prisión preventiva, aun cuando son acusadas de delitos menores.
El legislador panista hizo notar que en los centros penitenciarios mixtos la población masculina es muy superior, por lo que las reclusas se encuentran expuestas a violencia y acoso sexual, e incluso padecen mayor hacinamiento, con una serie de restricciones y carencias violatorias de sus derechos humanos.
A lo anterior, dijo, se suma que viven el embarazo y la maternidad en prisión, y en muchas ocasiones pierden la custodia de sus hijos, además de que son abandonadas por sus familias.
Torres Graciano señaló que diversas investigaciones dan cuenta de que la crisis penitenciaria en México deriva de un abuso de la sentencia a prisión, pues en 2014, en los 386 centros penitenciarios, se registró un total de 257 mil 807 internos, cuando la capacidad real es para 201 mil 80.
Comentó que el total de personas procesadas dentro del fuero federal era de 25 mil 945, de las cuales 24 mil 80 son hombres y mil 865 mujeres; sólo 3.6 por ciento de los sentenciados tuvo sanciones alternativas, como multa o reparación del daño.
El 85.6 por ciento fueron sujetos a una pena menor a cinco años, es decir la mayoría de los internos fueron privados de su libertad por delitos no graves y esto denota el abuso que se hace de la prisión, aseveró.
“Por lo tanto, la persecución que realiza el Estado a los criminales se ubica en los eslabones más débiles y los recursos destinados al sistema penal están dirigidos a investigar, procesar y sancionar delitos menores”, concluyó Torres Graciano.
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