El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para disponer de los recursos de cuentas bancarias inactivas durante seis años o más, a fin de utilizarlos para fortalecer las corporaciones de seguridad tanto del orden federal como de estados y municipios.
La propuesta suscrita por el coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier, y su correligionaria Juanita Guerra, prevé que se podrá disponer de los fondos cuyo plazo de reclamación haya prescrito, sin precisar que se trate de recursos del crimen organizado.
Al presentar la iniciativa en tribuna, Guerra remarcó la necesidad de utilizar, para el combate a la delincuencia, los recursos concentrados en las llamadas cuentas globales de las instituciones bancarias, tras permanecer inactivas seis años.
“Los recursos de la cuenta global no son de nadie, son bienes financieros mostrencos, incluso algunos de ellos de la delincuencia organizada que optó por su abandono, a fin de no ser ubicados; es por ello que, en este vacío legal, (…) debemos utilizarlo en tareas de seguridad pública”, dijo.
La iniciativa turnada a comisiones para su dictamen señala que los recursos, así como intereses y rendimientos generados por los depósitos e inversiones en la cuenta global, con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, “prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar a las políticas y acciones de combate a la delincuencia”.
Las instituciones de crédito estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública dentro de un plazo máximo de 15 días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo.
“No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito, es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados, por lo que no se afectan las garantías constitucionales”, puntualiza el proyecto.
Detalla que, al no existir poseedor originario cierto, las obligaciones sobre el bien financiero depositado quedan extintas y un recurso ocioso se convierte así en un “valioso y poderoso mecanismo de fortalecimiento institucional de las corporaciones encargadas del combate a la delincuencia y el mantenimiento de la paz y la estabilidad social”.
(milenio.com)
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