El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas y adiciones al Código Penal Federal para castigar hasta con seis años de prisión y multa de 200 días de salario (49 mil 786 pesos) a quien sustraiga, distribuya o suministre agua potable sin el permiso o concesión correspondiente.
La misma sanción se impondría a quien, sin causa justificada, altere, impida o restrinja de cualquier forma el flujo de agua destinado al suministro de los usuarios de dicho servicio.
En representación de la bancada guinda en el Palacio de San Lázaro, la diputada María Guadalupe Román sostuvo que la sequía y la escasez del recurso en diversas regiones del país ha generado el llamado “huachicoleo de agua”, donde el robo de pozos y perforación de tuberías públicas se ha vuelto cada vez más rentable, al grado de crear un mercado negro, controlado, incluso, por grupos armados.
“Estas actividades ilícitas han provocado que se agrave el desabasto de agua en muchas ciudades del país, afectando no solo a las viviendas, sino también a escuelas, hospitales y comercios”, puntualizó.
En la exposición de la iniciativa, Román detalló que la Comisión Nacional del Agua informó en su momento al Congreso de la Unión que en 2011 se clausuraron 3 mil 346 tomas clandestinas, mientras en el periodo 2012-2018 se contabilizaron 2 mil 280, principalmente en Nuevo León, Jalisco y Estado de México.
Señaló que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, de 2019 a 2022 se detectaron 131 mil 603 tomas clandestinas en ductos públicos de agua en 239 municipios de México.
Ocho fiscalías estatales abrieron en ese periodo un total de 96 carpetas de investigación sin registros de sentencias hasta la misma fecha, siendo Chihuahua y Baja California las entidades con mayor número, con 57 y 18 respectivamente.
“Tan sólo en Ecatepec, México, se hurta alrededor de un millón de litros de agua, según estimaciones del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio, lo que ha representado un negocio de más de mil millones de pesos para quienes roban y comercializan el vital líquido”, remarcó la legisladora.
Por ello, indicó, “se vuelve indispensable tipificar dichas prácticas ilícitas que van desde el sabotaje a la infraestructura hídrica hasta la venta, con el fin de preservar este recurso vital para la sociedad y salvaguardar el derecho al agua de toda la ciudadanía”.
(milenio.com)
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